EL MUNDO [editorial de hoy]
Cuando las imágenes del entierro del guardia civil, Juan Manuel Piñuel, estaban todavía en las páginas de los periódios, el Parlamento vasco aprobó ayer una propuesta en la que «reprueba la postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales».
Concretamente, la moción condena expresamente la conducta del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusa de encubrir torturas a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola. Por último, la propuesta pide una reforma legal que garantice la comunicación de los detenidos con sus abogados y que puedan ser filmados los interrogatorios.
La iniciativa fue presentada por Aralar, pero fue suscrita también por los tres partidos que integran el Gobierno vasco -PNV,EA y EB-IU- y por el PCTV, cuya ilegalización está pendiente de la decisión del Supremo.
PSE y PP se opusieron a la propuesta, argumentando que no hay ninguna prueba de que las Fuerzas de Seguridad del Estado practiquen la tortura y que en España no hay impunidad alguna contra los malos tratos, entre otras razones, porque existe un poder judicial para sancionar estas eventuales conductas.
Todo fue en vano porque los nacionalistas, liderados por el PNV, habían pactado previamente la moción y no estaban dispuestos a escuchar ningún argumento.
Lo primero que hay que señalar es que esta moción nos parece absolutamente infudada, ya que ni Aralar ni ninguno de los partidos que la apoyan se han molestado en demostrar lo que dan por hecho: la existencia de esas torturas. La carga de la prueba corresponde al que acusa, que en este caso no ha aportado ningún elemento de convicción.
En segundo lugar, la moción pone en evidencia la duplicidad de partidos como el PNV, que un día se lamentan del asesinato de un guardia civil y, al siguiente, intentan manchar la honorabilidad de este cuerpo.
Lo sucedido ayer en el Parlamento de Vitoria corrobora que a los nacionalistas les importa mucho más el trato que las Fuerzas de Seguridad dan a los etarras que los coches bomba que éstos colocan en cuarteles donde hay mujeres y niños.
La moción aprobada apunta directamente a Zapatero y al ministro del Interior, a los que injuria al acusarles de «amparar» esas imaginarias torturas. Ello debería ser suficiente para que el presidente del Gobierno, de viaje oficial en Perú, anulara el encuentro que tiene previsto celebrar con el lehendakari Ibarretxe el próximo martes.
Nadie recibe en su casa a quien le insulta y le difama, por lo que Zapatero -que pidió ayer «respeto» al Estado de Derecho- debería exigir además una rectificación pública de Ibarretxe antes de tenderle la mano.
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