El Mundo. Editorial de hoy, miércoles, 03 de febrero de 2010
LOS DATOS de los Servicios Públicos de Empleo y del Ministerio de Trabajo que constatan un incremento de casi 125.000 nuevos parados en enero y la pérdida de 257.000 afiliados a la Seguridad Social son demoledores. Pese a que enero es tradicionalmente un mal mes para el empleo, el aumento del número de parados en esta ocasión es catastrófico: nos retrotrae al ritmo de destrucción de puestos de trabajo de marzo del año pasado, es decir, a tiempos previos a la entrada del Plan E, que frenó la caída libre. Se pone así de manifiesto que el país no ha tocado fondo y que el paro continúa sin desacelerarse.
Especialmente preocupante es la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social, que deja ahora la cifra de afiliados en 17,5 millones. Eso supone retroceder a datos de 2005, cuando la población en España era inferior en casi dos millones. Estos números dibujan un país insostenible en el que hay casi 8 millones de pensionistas, 4 millones de parados y 3 millones de empleados públicos, por 14,5 millones de trabajadores en el sector privado. Hay que advertir que por primera vez en España hay 4 millones de parados registrados oficialmente y también, por vez primera, hay más de 3 millones de personas que cobran un subsidio de desempleo. Eso quiere decir que el Estado debe afrontar al final de cada mes el pago de cerca de 9.000 millones de euros sólo para atender pensiones y subsidios. Se entiende así el giro radical del Gobierno, que ha pasado del discurso de la gran política social, de la economía sostenible y de los brotes verdes al aumento de impuestos, primero, y ahora al pensionazo.
Pero tan grave como el deterioro de la economía es la velocidad con que se produce. En agosto de 2007 había la mitad de parados que ahora y hace sólo ocho meses, en mayo de 2009, había casi dos millones de afiliados más a la Seguridad Social que hoy. Lo mismo puede decirse de la rapidez con la que se disparan la deuda y el déficit públicos. El Gobierno había calculado en los presupuestos de 2009 un déficit del 1,9%, y el ejercicio se ha cerrado con el 11,4%, lo que supone una desviación de 95.000 millones de euros sobre lo previsto.
Ante este panorama no es de extrañar que el FMI avise de que España deberá afrontar «grandes sacrificios» entre los que incluye, en todo caso, la bajada de salarios, o que la OCDE advierta de que la reforma del sistema de pensiones necesita «esfuerzos complementarios» a los ya anunciados de elevar la edad de jubilación y revisar el cálculo de la pensión.
Las luces de alarma están encendidas y hay que tomar decisiones. El nerviosismo no sólo está en la calle, se palpa también en el PSOE. El presidente castellanomanchego Barreda animaba ayer a Zapatero a acometer una «remodelación importante del Gobierno» para formar un equipo que combata mejor la crisis. Al margen de que sus declaraciones puedan ser consideradas oportunistas, revelan el debate interno que sacude las filas socialistas. Pero es el momento también de que la oposición esté a la altura. La tentación de acomodarse en el cuanto peor, mejor, no sirve, porque el PP corre el riesgo de heredar un país destrozado el día que llegue al Gobierno.
Esta semana Zapatero tiene una oportunidad de demostrar que es consciente de la gravedad de la situación. El Consejo de Ministros aprobará el viernes sus propuestas de reforma del mercado laboral. Desde luego, la situación no se va a desbloquear con medidas cosméticas. Veremos si, como pedía ayer la vicepresidenta De la Vega, se apuesta por «medidas valientes», que en este caso sólo pueden ir por la flexibilización en la contratación y el despido. Si tras haber dejado pasar un año Zapatero no se siente en condiciones de abordar esas reformas, debería pensar en convocar elecciones.
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