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Cuenta atrás para el Estado catalán

ARACELI MANGAS. Hoy. En EL MUNDO

Desde 2012, con la indiferencia de un Gobierno de España perezoso e inepto, la sedición toma cuerpo en Cataluña. Las fechas para romper la unidad nacional y la integridad territorial de España ya están marcadas en la solicitud formal de convocatoria urgente de un pleno del Parlamento catalán cuyo fin es aprobar la declaración que llevaría, de consumarse, a impedir la aplicación de las Leyes de España o a cualquier autoridad española el legítimo ejercicio de sus funciones, en fin, a la proclamación del estado independiente de Cataluña: a partir de esa proyectada declaración, el Parlament «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» y ordena al Govern ejecutar la declaración.

Las instituciones autonómicas catalanas se han comportado como un estado de facto desde hace bastante tiempo entre la indolencia e ingenuidad, cuando no complicidad, de las instituciones del Estado y los partidos políticos nacionales. Ya sólo tienen que dar los pasos formales y definitivos que anuncian: dejarán en treinta días de respetar la autoridad del Estado y no aceptarán ninguna autoridad ni el imperio del Derecho sobre el Parlamento y el Gobierno catalán.

En una situación extrema como la que se viene precipitando en Cataluña desde 2012 el paso a la independencia es factible y creíble dada la inacción del Gobierno de la Nación. No sólo no ha tomado la delantera para agotar las vías de diálogo y entendimiento sino que no ha reaccionado ante nada y ha dejado hacer todo. Se ha permitido que declaraciones de autoridades públicas de Cataluña (del Legislativo y Ejecutivo) rechacen la aplicación de las leyes o se instalen en la arbitrariedad sin que pase nada. Hace tiempo que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo no se aplican o se aplican a discreción sin que pase nada. Se permite que en los ayuntamientos y otros edificios públicos prescindan de la bandera de España y otros símbolos del Estado y que ondee la ilegal bandera independentista, sin que pase nada. Sólo la UEFA hace respetar la bandera de España multando la presencia de banderas independentistas. Los independentistas han demostrado que se puede violar la ley española todos los días sin que pase nada y que en ese territorio sólo se hace respetar la voluntad de sus caciques depredadores. España no ha defendido su carácter de Estado responsable de la ley en todo el territorio. El Gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el despliegue de formas de la estatalidad de Cataluña.

El presidente Rajoy nunca se tomó en serio el desafío del Gobierno catalán y de una parte de la sociedad catalana y se negó al diálogo político en múltiples formas (comisiones técnicas, regeneración política que ilusionase a todos…). Rajoy pensó que la ley todo lo puede; como ni el Derecho Internacional faculta a Cataluña para invocar la secesión unilateral ni la Constitución española lo permite, no había que hacer nada. Pero que el Derecho no faculte para invocar la secesión no impide que la reclamen y logren por la vía de los hechos (principio de efectividad), paso a paso, con paciencia de casi cuarenta años. Tampoco estaban facultados los pakistaníes respecto de la India independiente, o los pakistaníes orientales (Bangladesh) para separarse del Pakistán independizado de la India, o los eritreos respecto de Etiopía, o los sursudaneses respecto a Sudán y todos ellos lograron su Estado.

La formación y nacimiento de un Estado no se rige por el derecho interno sino por la fuerza de los hechos. Los partidos independentistas ya han puesto a prueba la inanidad del Gobierno Rajoy. Lo habitual es que el territorio que se separa o pretende separarse no tenga la autorización del Estado del que se quiere separar. Por ello, lo esencial es no permitir que los hechos y elementos conducentes a la formación de un nuevo Estado tengan lugar ni se den más pasos. La creación de estados está ligada al principio de efectividad y no al de legalidad ni legitimidad. Lo que importa es el hecho y no el modo por el que haya nacido (secesión no permitida por el derecho interno, lucha armada…).

Por ello, aparte de cualquier posible recurso judicial contra esa solicitud de declaración, en todo caso tiene que impedirse la convocatoria del pleno conducente a la cuenta atrás para la independencia y que el pleno pueda celebrarse con ese orden del día. Hay que actuar antes de la formación de los actos de la estatalidad formal. Con todas las posibilidades que da la Constitución y la ley y sin miedo a utilizar los diversos preceptos en vigor para situaciones extremas; no hay nada más grave en la historia de un pueblo que la ruptura de la unidad nacional; sí, hay algo igual de grave, una guerra, (in)civil o internacional.

No hay fatalidad alguna en la solicitud de las fuerzas independentistas catalanas al pleno del Parlament sino incuria e irresponsabilidad del Gobierno de España que desafía cinco siglos de historia ensimismado en la ley que no hace cumplir. La organización y preparación de los delitos son atribuibles a personas concretas de las fuerzas independentistas, pero no es menos grave quien no impide su comisión ni persigue a los delincuentes. La deshonra y responsabilidad histórica no será de quien dijo que aceptaría todo lo que viniera de Cataluña sino de quien pudo haber encauzado este reto y sobre todo debe impedirlo ya con todos los medios. Olvidemos los reproches por lo pasado.

En este momento supremo, el Gobierno de España debe apelar a la corresponsabilidad política de todos los partidos políticos que defienden la unidad nacional. Muchos españoles confiamos en que PSOE y Ciudadanos actúen con patriotismo constitucional y que el PP no aproveche la defensa de la integridad territorial para obtener réditos electorales. Todos juntos sin más reproches.

Un Gobierno no puede limitarse a respetar la ley; la función del gobernante es hacer aplicar la ley. Dura lex, sed lex (dura ley, pero ley). El Derecho Internacional faculta al Estado para impedir la ruptura de la unidad nacional e integridad territorial, bienes públicos protegidos por normas seculares y la práctica de Naciones Unidas. También el Derecho de la Unión Europea (art. 4.2 TUE) reconoce al Estado su deber y derecho de defender la integridad territorial y le da toda suerte de facilidades legales para ello.

No tenga miedo el Gobierno de España de ejercer esa función esencial de todo Estado y haga respetar ya la soberanía nacional y su Constitución. España y su Gobierno no han cesado de citar e invocar las leyes democráticas a las fuerzas independentistas; no pueden seguir abusando de la paciencia de la democracia hasta destruirla. Ha llegado el momento de recordar que la justicia democrática ciñe espada. Todos unidos.

Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad Complutense) y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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