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Contra la Ley Celaá

Exdirectores del Instituto Cervantes contra la Ley Celaá: “Es una canallada, un genocidio lingüístico”

MANUEL LLORENTE

Madrid

EL MUNDO. Jueves, 19 noviembre 2020

César Antonio Molina, Fernando R. Lafuente, Juan Manuel Bonet, Jon Juaristi y Santiago de Mora-Figueroa rechazan la norma según la cual el castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza

“La lengua es una de las vigas maestras de un país. Si se la ataca o deteriora, el edificio mismo del Estado sufre una gravísima contusión», dice César Antonio Molina. «Nuestra lengua común, el español, la llevamos hablando al menos desde hace 500 años y ya es un patrimonio de todos. Además es la segunda lengua más hablada del mundo con cerca de 700 millones de personas que la tienen como materna. Es y debe ser vehicular porque con ella nos entendemos todos y, por supuesto, respetando la cooficialidad y todo lo que ello implica del resto de nuestras otras lenguas igual de españolas».

Molina, director del Instituto Cervantes entre mayo de 2004 y julio de 2007 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se pregunta: «¿Cómo es posible que desde un Gobierno socialista se quiera imponer esta norma para darle gusto al independentismo etarra y golpista de Esquerra? De nuevo Podemos perjura contra aquello que prometió al hacerse cargo de sus puestos en el Gobierno. Esta es una de las más graves agresiones contra la Constitución».

Para el que fue también ministro de Cultura con el PSOE, además de dirigir el Círculo de Bellas Artes de Madrid y La Casa del Lector, «la RAE y el resto de las Academias deben mostrar su rechazo. Con qué cara se presentarían si no ante el resto de sus Academias hermanas de Hispanoamérica-Norteamérica-Filipinas y África». Y agrega: «E igualmente debe hacer el Instituto Cervantes, que es quien representa en el mundo a esos millones de hablantes. ¿Se puede estar extendiendo el español en el mundo mientras en su propia cuna se le trata de ahogar? ¿Será ya entonces necesario el propio Instituto o se le entregará como ofrenda a los mismos e infamantes peticionarios?». Y lanza un reto a Luis García Montero: «La dirección del Cervantes debe aclarar su postura. La personal ya la conocemos, pero ahora le pedimos la institucional. Quienes hemos dirigido esta institución a la que seguimos amando y a la que pusimos también al servicio de las lenguas cooficiales, estamos en el derecho de saberlo».

Fernando R. Lafuente, que fue el tercer director del Cervantes, afirma: «A veces, la Historia avanza hacia atrás, pero en Cultura hay una premisa insoslayable, sumar y no restar. Una lengua, cualquier lengua, es una riqueza en sí misma. El español es hoy la segunda lengua internacional. Un patrimonio cultural extraordinario que para sí quisieran muchas naciones europeas. Resulta sorprendente que se quiera dificultar a parte de la población española el acceso a un bien internacional de tal dimensión social, cultural y económica. El español es el petróleo de la sociedad española e iberoamericana. ¿Alguien entendería que a un alumno de Edimburgo se le orillara la enseñanza en inglés?».

El director del máster de Cultura Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset agrega: «La proyección mundial del español es uno de los hechos más determinantes de las últimas décadas. Esto es algo que, junto con las repúblicas americanas, desde España debería cuidarse de manera determinante y ejemplar. El resto es silencio. Sí, hay momentos que la Historia, como en estos días, avanza hacia atrás».

Juan Manuel Bonet, que ha sido el responsable del Cervantes en 2017 y 2018, escribe a ELMUNDO: «La lengua española es tan propia para catalanes, gallegos o vascos, como las lenguas catalana, gallega y vasca. Los catalanes sensatos saben que Pla, Eugenio d’Ors o Perucho escribieron indistintamente en español y catalán. Los gallegos sensatos saben lo mismo de Cunqueiro, Dieste o Pimentel. Y los vascos sensatos, lo mismo de Gabriel Aresti, aunque en su caso el español lo utilizó en ensayos, y no en su poesía. Por lo demás, en todas estas comunidades autónomas hay escritores que sólo han escrito en una lengua: por citar a algunos de los que no utilizaron esa lengua que ahora inequívocamente se pretende llamar propia, y escribieron sólo en ese español que ahora se quiere invisibilizar, por emplear la palabra que emplea Olga R. Sanmartín en EL MUNDO, es el caso de catalanes como los hermanos Goytisolo, Marsé o Vázquez Montalbán; de gallegos como Julio Camba, Valle-Inclán o Torrente Ballester, y de vascos como Baroja, Unamuno o Blas de Otero».

Jon Juaristi, director del Cervantes entre marzo de 2001 y mayo de 2004, cree la pretensión que nos ocupa es «una canallada». «Supone en la práctica negar la posibilidad de la lengua española a todos los hijos e hijas de los catalanes, que son la totalidad», dice a este periódico en conversación telefónica.

«El español es la lengua oficial del Estado», agrega este catedrático y ex director de la Biblioteca Nacional. Lo que se pretende realizar con la llamada Ley Celaá «es un genocidio lingüístico, destruir la lengua de los españoles, sustituirla por una que no tiene proyección internacional». Y agrega: «Lo que me interesa destacar es que esto responde a la estupidez de un Gobierno cortoplacista, quieren el poder con lo que sea».

Y se refiere, ahora, a la ministra Isabel Celaá: «El Partido Socialista de Euskadi es un partido nacionalista, es la izquierda del PNV, donde entró la gente de Euskadiko Ezkerra, luego de ETA, y en el caso de Celaá influye un complejo de señorita que no consigue ser nacionalista en el País Vasco. Hace con el catalán lo que no se atreve a hacer en el País Vasco porque con el vascuence no se puede ir a ninguna parte. En el País Vasco los nacionalistas saben que prohibir el español es hundir al País Vasco».

Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, director del Cervantes entre mayo de 1996 y abril de 1999, es claro: «Esa ley contiene expresiones que serían anticonstitucionales, está muy claro en el artículo segundo de la Constitución. Por lo menos es un error. Si se lleva al Constitucional puede tardar entre dos y 200 años, y ya se sabe: ‘Justicia dilatada, justicia denegada’. Es una locura, es intentar conseguir fines y objetivos más bien mediocres pero útiles para la política del día al día, dañando muy gravemente unos activos como la lengua española. He sido también embajador de España en Londres y diplomático en otros países y estoy muy orgulloso de haber defendido la lengua. Es nuestro activo principal».