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Volver a la sensatez

JOAQUÍN LEGUINA. ABC, viernes, 19 de marzo de 2021

Luis Ventoso se hacía días atrás en estas páginas tres preguntas fáciles de responder: 1.- ¿Cuál es el único país de la UE con el rancio y multifracasado comunismo incrustado en su Gobierno? 2.- ¿Cuál es el único país europeo que pagaba una nómina a un vicepresidente que directamente no hacía nada y carecía de agenda de trabajo más allá de intrigar? 3.- ¿Cuál es el único país del mundo donde en el día en que el presidente se encuentra en el extranjero, en un acto en Francia, su vicepresidente anuncia súbitamente con un vídeo en Twitter que se da de baja en el Ejecutivo para buscarse los garbanzos en unas elecciones regionales?

Y la respuesta a las tres preguntas era: España.

¿Y quién es el mayor responsable de este desaguisado? Pues Pedro Sánchez. Y ahora Iglesias se baja del burro para venir a Madrid a intentar salvar a su partido.

Pero, ¿qué representa Iglesias siendo, como es, nada menos que vicepresidente del Gobierno? No sólo apuesta por el desastre del comunismo sino que está obsesionado por traer otra vez a España la República (¿por qué no le pagamos una beca y que se vaya a predicar ese mensaje a Suecia?). También está en contra de partes esenciales de la Constitución española y a favor de las reivindicaciones separatistas (‘el derecho a decidir’) que, de ponerse en práctica, destruirían la unidad de España. ¿Qué izquierda es ésta que quiere destruir la nación española?

En fin, este personaje tóxico que como vicepresidente del Gobierno jamás se le ha oído hablar de la tragedia sanitaria ni de los otros grandes problemas que tiene nuestro país. Por ejemplo, ¿alguien ha oído a Iglesias una sola propuesta sobre el paro juvenil? Pide subir los impuestos ignorando que en España los impuestos ‘per cápita’ son mayores que la media de la UE. ¿No sabe que los asalariados españoles pagan el 90% del IRPF mientras que los salarios sólo representan el 45% del PIB?

Este ignorante agitador no debería aspirar a nada en Madrid, porque los madrileños, en un 90%, no podemos ni ver a los separatistas catalanes ni a los asesinos de ETA ni a los ‘aprovechateguis’ del PNV. Espero que no llegue al 5% y se vaya de una vez a disfrutar de su chalé en la sierra.

Iglesias lo va a pasar mal, lo tiene difícil y todo gracias a una movida absurda impulsada también desde Moncloa. En efecto, la pandilla juvenil de Moncloa se unió a Inés Arrimadas con la intención de sacar de los gobiernos regionales de Murcia y de Madrid al PP. Uno se pregunta, con Vicente Vallés, ¿a qué españoles intentaba atraer Arrimadas con la descalabrada operación murciana?

Ciudadanos nació en Cataluña para llenar un vacío político creado con el gobierno tripartito presidido por Maragall. No había en el ámbito político catalán ningún partido no nacionalista, a excepción del PP. Había, por lo tanto, un hueco a cubrir: los catalanes no nacionalistas que no querían votar al PP no tenían a quién votar hasta que llegó Ciudadanos.

Como ha escrito el profesor Francesc de Carreras, «en el Parlamento autonómico se empezó a hablar con naturalidad en catalán y castellano. Desde el nacionalismo, esta ruptura de la transversalidad catalanista fue vista como un gran peligro. Inmediatamente se los tachó de fachas y hasta de falangistas: a Albert Rivera se le llamó Primo de Rivera. Primero con lentitud y dificultades, después en rápido ascenso, de estos 3 diputados se pasó a 36 en 2017. Ciudadanos pasó a ser un gran partido en Cataluña, superando claramente a los socialistas». Y en las siguientes elecciones fueron el partido más votado en Cataluña y obtuvieron 57 diputados en el Congreso.

A partir de ese momento todo fueron errores, primero de Rivera (cayó de 57 a 10 diputados) y luego de Arrimadas, cuya última hazaña murciana ha sido de traca. Una formación que una vez que se planteó como partido nacional trajo muy pocas ideas nuevas y mucha demagogia. Por ejemplo, proponiendo que si un político estaba siendo investigado por un juez tuviera que dimitir, saltándose dos valores básicos de cualquier democracia: la presunción de inocencia y la separación de poderes.

Menos mal que en Madrid les ganó por la mano Díaz Ayuso y ahora será difícil que Ciudadanos supere el mencionado 5%.

La política española está hoy en manos de gente que no ha trabajado en su vida. Y lo peor de poner a estos mediocres arriba es que ellos marcan el listón máximo de excelencia. Todo lo cual indica que -en palabras de Ignacio Varela- «el divorcio de la política con la realidad es brutal. Los políticos españoles han construido un universo virtual, una especie de campana neumática completamente desconectada del mundo real […]. Los españoles con mascarilla, golpeados por la pandemia y la recesión, asisten, entre iracundos y fascinados, al espectáculo fantasmal de sus gobernantes y dirigentes acuchillándose entre sí mientras el virus mata, las empresas se arruinan, los trabajadores pierden el trabajo y el país se cae a pedazos».

Es preciso un cambio de rumbo que inicie una Segunda Transición, cogidos de la mano PP y PSOE (ya sin Sánchez), con el fin de pactar varias leyes que rebajen los humos del separatismo (nueva ley electoral), despoliticen la Justicia y eliminen al máximo la introducción de paniaguados en la Función Pública. ¿Es esto posible? Sí, sí lo es, ahí está el ejemplo de Alemania.

Me tomaré, para terminar, la libertad de dirigirme a los madrileños que tengan dudas de a quién votar:

Por el bien de todos ¡no votéis a un tipo que es amigo del separatismo (Iglesias). Volvamos a la sensatez y exijamos los cambios legislativos que saquen de la política a tanto incapaz e inútil, a saber, la ya citada nueva ley electoral y que los puestos de subsecretario para abajo los cubran funcionarios de carrera.

En fin, hacer todo lo que se pueda para que vuelva un sano bipartidismo: una derecha liberal y una socialdemocracia donde ya no esté el sanchismo.

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Jaoquín Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid

Democracia para ángeles

José María Ridao, EL PAÍS, 10 de marzo de 2021

Los episodios de violencia perpetrados en Barcelona y otras ciudades a raíz del ingreso en prisión de un cantante de rap condenado por sentencia firme han dado lugar a varias controversias simultáneas, relacionadas con los límites de la libertad de expresión, la situación de los jóvenes en España o, en fin, la calidad de la democracia establecida por la Constitución de 1978. Son cuestiones distintas y de entidad suficiente como para no mezclarlas con la violencia: ni para intentar legitimarla, como han pretendido sus promotores, ni para buscar excusas que permitan seguir cerrando los ojos a los problemas que deberían haberse abordado en cualquier caso, con o sin escenas de fuego y destrucción en las calles.

En un país en que, como en España, dar publicidad a sumarios judiciales secretos filtrados delictivamente se considera el derecho y el deber de un sedicente periodismo de investigación, es evidente que existe un problema con la definición de algunas libertades relacionadas con lo que se puede y no se puede decir en público, y no solo porque un rapero invoque el arte para justificar exabruptos de odio más inspirados por el fanatismo que por las musas. La desorientación en la definición de la libertad de expresión ha llegado a tales extremos que, enfrentados los medios de comunicación al caso de un antiguo comisario que puso un negocio de espionaje, existen todavía dudas acerca de si deben publicar o no el contenido de sus muchos años de grabaciones ilegales. En realidad, ¿tiene sentido invocar la libertad de expresión para justificar que los medios actúen como el comisario pretende que actúen, esto es, como cooperadores necesarios en los chantajes con los que primero buscó lucrarse y ahora obtener la absolución de sus presuntos delitos? Y todavía más, ¿dónde está la noticia para la prensa democrática, en el contenido de unas grabaciones ilegales que, eventualmente, podrían contener indicios de criminalidad que investigarían los jueces, o, por el contrario, en el hecho de que un antiguo funcionario pretenda forzar el normal funcionamiento de los tribunales?

Por lo que respecta a la situación de los jóvenes en España, los equívocos no son menores que los que afectan a la libertad de expresión, y también han circulado antes y después de la reciente violencia callejera. A los jóvenes se les dice que su generación será la primera que vivirá peor que sus padres, dándoles a entender que son víctimas de un drama inédito en la historia. Lo más grave de esta afirmación no es que niegue la evidencia de que los jóvenes que sobrevivieron a las trincheras de 1914 y a las sucesivas carnicerías entre 1936 y 1945, por no hablar de las guerras coloniales y anticoloniales, tuvieron que desarrollarse como hombres y mujeres en un mundo destruido, infinitamente peor que el de las generaciones que los precedieron. No, lo más grave es que alimenta el mesianismo político en detrimento de las respuestas democráticas ante la vieja y humillante injusticia que padecen los jóvenes de nuestra época, pero que también padecieron los de otras. No por invocar el antifascismo se tiene enfrente al fascismo, ni, lo que es peor, se libra nadie de reproducir sus siniestras estrategias contra la democracia. La intolerable precariedad que padecen los jóvenes en España no es consecuencia de un estado de cosas nunca visto, sino de un recurrente y trágico error político que Manuel Chaves Nogales supo advertir con claridad en la Alemania que se aproximaba al abismo. En aquella Alemania, escribió Chaves, “el hombre laborioso y capacitado” consagraba “su juventud a adquirir una técnica difícil” y luego, “con sus diplomas en los bolsillos”, se veía condenado a “envejecer y morir en la miseria, sin que el mundo le haya ofrecido jamás la ocasión de ser útil y sin que haya podido probar si servía o no”.

Las causas de esta situación, germen de cuanto sucedió en los años siguientes, no fueron imputables únicamente a los partidos alemanes, porque también la propiciaron las potencias vencedoras del 14 al desentenderse de los efectos económicos y sociales de las reparaciones de guerra exigidas a Berlín. Pero el punto en el que los partidos alemanes sí contrajeron una responsabilidad propia e intransferible fue en la destrucción del sistema político de Weimar, bloqueando la formación de mayorías parlamentarias estables y, por esta vía, impidiendo que los sucesivos gobiernos abordaran con determinación problemas tan acuciantes como el de la juventud que describió Chaves. La excusa de unas fuerzas y otras para ahondar en un desastre previsible invocaba los defectos reales o supuestos de la Constitución de Weimar, como si las lagunas de un sistema democrático fueran un salvoconducto para explotarlas en beneficio propio en lugar de un inexcusable motivo para promover los acuerdos políticos que permitan colmarlas entre todos. En este sentido, la historia de Europa ha sido habitualmente injusta con la Constitución de Weimar, haciendo recaer en sus disposiciones —o por decirlo con términos de actualidad, en la calidad del sistema político que instauró— responsabilidades que en realidad correspondían al oportunismo suicida de los partidos. De ahí la paradoja de que, denostada por la historia, la Constitución de Weimar haya seguido inspirando, sin embargo, algunas de las leyes fundamentales en las que se apoyan grandes democracias de nuestro tiempo.

Conviene decirlo sin alarmismo, pero también sin rodeos: el horizonte que podría vislumbrarse para la Constitución de 1978 recuerda demasiado al que terminó devorando a la Constitución de Weimar, debido a que está generalizándose entre los partidos españoles una actitud fundada en equívocos interesados y no muy distintos de los que proliferaron entonces. Nada hay de reprochable en el hecho de que los académicos debatan sobre la calidad de los sistemas políticos democráticos, puesto que esos sistemas constituyen, precisamente, su objeto de estudio, y los baremos y clasificaciones que emplean son sólo eso, baremos y clasificaciones, válidos para la elaboración de esquemas teóricos. En términos políticos, sin embargo, entablar debates sobre la “calidad” de un concreto ordenamiento constitucional confunde planos que deberían estar rigurosamente separados, estableciendo una peligrosa pasarela entre sus defectos, reales o supuestos como en la Constitución de Weimar, y su legitimidad. Esta es la razón por la que los partidos que proponen prescindir de la Constitución del 78 empiezan siempre por denunciar la baja calidad del sistema político en España, como si ese concepto, la calidad —de la que, por lo demás, ellos se erigen en únicos intérpretes—, fuera un concepto o principio democrático capaz de legitimar cualquier iniciativa, dentro o fuera de las leyes.

La realidad política alemana que sucedió a la destrucción de la Constitución de Weimar es sobradamente conocida, y es aquí donde los paralelismos con la Constitución de 1978 y la realidad política española dejan de servir. Y la razón por la que dejan de servir es que nadie puede profetizar qué ocurriría si el ordenamiento del 78 acabara resultando inservible debido a que, por simple oportunismo como en Weimar, se le siguieran transfiriendo responsabilidades que no le corresponden. Que un representante público cometa un delito, así se trate de un antiguo jefe de Estado, no dice nada de la calidad de un sistema. Si el sistema disponía de controles y contrapoderes que no funcionaron, eso quiere decir que hubo cómplices en el delito. Y si no disponía de ellos, la tarea de los partidos comprometidos con la democracia no es juzgar acerca de la calidad del sistema, sino ponerse de acuerdo para crearlos. Lo contrario sería tanto como sostener que una democracia sólo es de calidad si garantiza lo que ningún sistema ha sido capaz de garantizar desde que el mundo es mundo, leyes para las que no existe la trampa y hombres y mujeres que, más parecidos a ángeles que a ciudadanos, ni conocen el delito, ni lo cometen.

José María Ridao es escritor.

Vindicación del elitismo intelectual

Alberto Royo, EL MUNDO, 24-02-21

Permítanme que comience esta tribuna acudiendo a la RAE y aclarando algunos conceptos. Se define elitismo como una “actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan de los del común”. La palabra común puede significar “corriente, “vulgar” e incluso “despreciable”. Se entiende por intelectual lo “perteneciente o relativo al entendimiento”. Y, por entendimiento, la “potencia del alma, en virtud de la cual” se “conciben cosas”, se “comparan, juzgan, e inducen y deducen otras que ya se conocen”. Por fin, vindicar implica la “defensa, especialmente por escrito” de alguien (algo, en este caso) que ha sido o es “injuriado, calumniado o injustamente notado”.

Quisiera también hacer alusión a un acertado tuit de Jorge Bustos, en el cual anhelaba “un partido [político] insultantemente elitista en lo intelectual”, con “un discurso de alta literatura”, que pareciera decir a sus potenciales votantes: “si aspiran a votarme, estudien para merecerlo”. Me siento tan identificado con este deseo que, nada más leerlo, me puse a escribir sobre la cuestión, vinculando de manera inmediata la política y la educación, algo inevitable desde el momento en el que lo político es (o debiera ser) asunto de todos los ciudadanos (los griegos llamaban a estos temas públicos politikoí, en oposición a aquellos intereses particulares o privados de los ciudadanos, llamados estos idiotikós; de ahí que a quienes no se preocupaban de lo concerniente a la pólis, esto es, los asuntos públicos, se les llamara idiotes ciudadanos privados y, siglos más tarde, idiotas). Encontrada, como les decía, esta estrechísima relación entre política y educación, no dejé de darle vueltas a cómo se están desvaneciendo las ansias de saber y de cómo podemos estar contagiando a nuestros alumnos esta misma desidia, esta abulia literal (“falta de voluntad”) que penetra en todos los ámbitos y mitiga, incluso anula, el (imprescindible para el progreso) arrojo por ambicionar la erudición.

Reconocerse elitista suena hoy casi indecoroso. Yo confieso serlo. Y admito sin ambages que lo defenderé siempre que tenga ocasión. No creo que sea malo que existan élites, pues siempre habrá, por mucho que nos empeñemos en lo contrario, minorías que destaquen sobre las mayorías. No encuentro en ello nada perverso, salvo el hecho (doloroso) de que a menudo no llegan a formar parte de esas élites quienes más lo han merecido. Y es esto, y no lo otro, lo que debemos combatir.

Hay dos principios de los que se habla mucho en educación: excelencia equidad. Del primero se habla con la boca pequeña o de manera populista; del segundo, con ofuscación, introduciendo factores y soluciones (véase la Ley Celaá y su obsesión por eliminar obstáculos y el consiguiente abaratamiento de aprobados y títulos) que, en lugar de garantizar que cada cual obtenga lo que se ha ganado en virtud de sus merecimientos, elimina la posibilidad de que alguien pueda descollar. Y esto, queridos lectores, es doblemente injusto: lo es para quien merece más y lo es para quien merece menos y se le hace creer que es mejor de lo que es, renunciando a la exigencia y a la búsqueda de herramientas que les permitan a todos desarrollar al máximo las capacidades de que dispongan e impidiendo, en definitiva, su crecimiento.

Volviendo a la definición de elitismo, considero un error imperdonable que el profesor no ejerza un elitismo ético, buscando abrir a sus alumnos a otros “gustos” y “preferencias” que se aparten “del común”. Porque, por más que convengamos en que la mayoría de los alumnos son corrientes (cualquier colega entenderá que no uso esta palabra en un sentido peyorativo, sino con afán didáctico y para distinguir a estos estudiantes de los brillantes – que no son tantos- y también de aquellos que tienen más dificultades de aprendizaje), nuestro propósito ha de ser siempre refinarlos, apartarlos del común, confiar en sus posibilidades y en su diversidad y heterogeneidad (pero de verdad, no como como postureo pedagogista), en la riqueza de sus diferencias, no adaptándolo todo a ellos sino estimulando su curiosidad, alejándolos de lo ordinario para acercarlos a lo extraordinario. Nuestro fin ha de ser convertir el aprendizaje en una aventura hacia lo desconocido, una excursión en busca de lo más recóndito, una búsqueda de lo inesperado, una incitación a regocijarse con lo que a priori les parece lejano e inaccesible, una huida para escapar de lo grosero y aspirar a lo selecto. ¿Por qué? Porque escuchar trap les cuesta poco esfuerzo, pero también les dejará poca huella, mientras que a gozar de Bach se aprende cultivando la sensibilidad artística, como se aprende a degustar un plato delicioso cultivando el paladar o a deleitarse ante un cuadro hermoso cultivando el gusto estético, y todo ello, después, perdura y engrandece este viaje de perfeccionamiento personal que es aprender. Hablamos de cultura, de alta cultura; no de pedantería, pues la persona culta disfruta sabiendo y el pedante disfruta presumiendo de lo que sabe. Y todos, repito, todos nuestros alumnos, están en disposición de recorrer este camino hacia este elitismo intelectual y cultural.

Habrá quien se escandalice antes mis palabras y objete que la escuela está para proporcionar otras “cosas”. Pero regreso al lenguaje, “andamiaje del pensamiento” (como lo denominaba Lázaro Carreter) para recordar que intelectual quiere decir “relativo al entendimiento”. ¿Puede haber intención más noble y bella que anhelar, para todos, reitero, el entendimiento, esto es, la “potencia del alma” en virtud de la cual se conciben cosas, se comparan, se valoran, se inducen y deducen otras que ya se conoce…? ¿No habría de buscar esto todo profesor? ¿Y lo hace? ¿Es esto lo que los profesores procuramos? ¿Se nos permite? ¿Se nos facilita? ¿Se nos motiva a ello? ¿Se nos reconoce? Ante tales interrogantes, urge rehabilitar muchas ideas, actualmente desprestigiadas y suplantadas por términos vacuos, que no reflejan más que la insustancialidad de quienes los utilizan e imponen, de quienes hacen con ellos negocio. Y uno de ellos es el elitismo, entendido como corresponde y nunca como algunos lo quieren entender, tachando a sus valedores de “clasistas”. Nada hay más clasista que renunciar a la excelencia en la escuela con la excusa de que el pobre requiere “otras cosas”. El pobre, más aún que el rico, merece ver alentada su sed de cultura, ya que lo que el profesor no le dé, difícilmente podrá hallarlo en otra parte.

Bustos recurría con buen ojo a la expresión “insultantemente elitista” cuando pedía un partido político así. Toca pues reclamar un elitismo democrático y justo, empresa ardua en unas circunstancias en las que pretender ser culto ofende, cuando lo que debería molestar es la incultura. Los políticos, que claramente nos consideran a todos menores de edad, dicen “hacer pedagogía” con nosotros, obtusos ciudadanos incapaces de entender sus designios, y prefieren masticar el mensaje hasta convertirlo en papilla ideológica (todo es fast food) que no requiera esfuerzo para su asimilación. Porque no confían en nuestra capacidad. O porque recelan del que posee auténtico espíritu crítico. Como no confían los expertos y aquellos que participan en los órganos decisorios en la capacidad del estudiante, al que hurtan retos y regalan papeles que no valen nada porque no reflejan nada, mientras la máxima autoridad educativa elabora planes de Resiliencia (resiliencia la nuestra, Ministra). Puede que ahí resida la clave del asunto: hacer pasar por clasismo un elitismo ético te permite reservar a los tuyos para que integren esa élite, que no será ética, pero sí será élite, una élite que no dejará entrar a cualquiera en base a su capacidad, su empeño o su honradez sino gracias a sus contactos, su procedencia o su abolengo; una élite, pues, deshonesta y arbitraria. Así, el saber hará libres (por acordarnos de Sócrates) solamente a unos pocos, mientras el resto se tendrá que conformar con una esclavitud apacible, ingenua y autocomplaciente.

Alberto Royo es profesor de Música en el IES Tierra Estella y autor de: Contra la nueva educación (2016), La sociedad gaseosa (2017) y Cuaderno de un profesor (2019), todos ellos publicados por Plataforma Editorial.