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Juan Carlos I, un Rey del siglo XX

Jordi Canal. EL MUNDO. Miércoles 5 de agosto de 2020.

El anuncio de la salida de España de Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, era bastante previsible. Muchas noticias y rumores de las últimas semanas apuntaban a ello. La decisión era, sin duda, inevitable. Quizás se puede discutir si hubiese sido más adecuado un abandono del Palacio de la Zarzuela como paso previo a la instalación en otro país. Pero, en cualquier caso, había que hacerlo. No se sabe, mientras escribo esta tribuna, donde va a vivir temporalmente el Rey Emérito, pero en mi modesta opinión no sería recomendable que fuese en un Estado no europeo.

El anuncio del pasado lunes, 3 de agosto, tiene un alto valor simbólico. La interferencia permanente, en el presente, entre el pasado de la Monarquía, representado por don Juan Carlos de Borbón; y la Monarquía del futuro, la de Felipe VI y la princesa Leonor, aconsejaban una solución de esta naturaleza. La coyuntura actual es muy delicada. Los efectos de la crisis de 2008 resultaron letales, sumadas a otras muchas circunstancias de orden personal, para el anterior Rey, que acabó abdicando en 2014. No sabemos todavía cómo afectará la crisis de 2020 a España y, en concreto, a la institución monárquica. No nos esperan años fáciles. La experiencia muestra que los momentos críticos provocan situaciones inesperadas y potencialmente desestabilizadoras.

El año 2014 inauguró una nueva época para la Monarquía española. Aunque Felipe VI, desde su proclamación como Rey de España, esté ejerciendo de manera impecable sus funciones y haya conseguido recuperar el prestigio perdido al final del reinado de su padre, el camino no ha estado exento de complicaciones. Entre ellas, la parálisis institucional inédita provocada por las repeticiones electorales o el desafío independentista en Cataluña, que provocó, el 3 de octubre de 2017, una intervención tan oportuna como impecable del monarca. La ejemplaridad, la transparencia y las buenas maneras, que representa la Monarquía de Felipe VI, se enfrentan en la actualidad a tres problemas: una época de profunda crisis, llena de incertidumbres de todo tipo; los continuos e irresponsables ataques populistas a la institución monárquica -las reacciones, tras conocerse la noticia de la salida del país del Rey Emérito, de Pablo Echenique o de Gabriel Rufián, biliosas y patéticas, constituyen claros ejemplos de bajeza moral y política-, que responden a la voluntad de erosionar la democracia y la unidad españolas; y, por último, la difícil gestión de los ecos del pasado, desde el caso Nóos hasta las supuestas comisiones, blanqueos o estafas tributarias de don Juan Carlos, sin olvidar, evidentemente, el culebrón del Corinna-virus.

La salida de España del Rey Emérito no es ni una huida ni un exilio, sino un alejamiento temporal de unos focos cegadores. Juan Carlos I ha dado el paso a un lado que algunas personas, su propio hijo y la Casa Real en primer lugar, venían reclamándole. Se trata de una medida preventiva y ejemplarizante, que intenta frenar los efectos de aquellos ecos del pasado a los que más arriba he aludido. La Monarquía de Felipe VI no puede permitirse el lujo de ser desprestigiada a partir de culpabilidades de otro momento. El techo de cristal no permite errores ni descuidos. Sea como fuere, Juan Carlos I ha asegurado que está en todo momento a disposición de la Justicia y que su salida de España es temporal. Nada que ver con el exilio de su abuelo Alfonso XIII en 1931; nada que ver, tampoco, con su propio nacimiento en 1938 en Roma, en plena Guerra Civil española y en el marco de otro exilio, que se iba a prolongar en Portugal. A principios de agosto de 2020, el Rey Emérito ofrece, simplemente, una renuncia vital para no seguir perjudicando con sus actos y su imagen actual la Monarquía ejemplar de su hijo, Felipe VI.

A pesar de todo lo que hemos visto y oído a lo largo de esta segunda década del siglo XXI, no deberíamos cometer el error fácil o malintencionado de extender nuestras conclusiones o apreciaciones sobre el Rey Juan Carlos I de estos años a todo su reinado. No resulta posible olvidar que el último cuarto del siglo XX fue un momento histórico excepcional, en el que se consolidó una España democrática, moderna, estable y abierta al mundo. El monarca y la Monarquía parlamentaria tuvieron en ello un papel decisivo. Juan Carlos I fue un gran Rey en la España del siglo XX, que no supo encontrar su lugar en la del siglo XXI. Hoy no es ayer. La historia debe imponerse a la memoria y el análisis equilibrado y riguroso del pasado, a la mirada distorsionada del presentismo.

Con el paso del tiempo, y en ocasiones menos convulsas, el nombre de Juan Carlos I va a quedar asociado, por encima de todo, a la consolidación de la democracia en España. La proclamación de Juan Carlos I como Rey, en 1975, tras el fallecimiento de Franco, no fue producto de una restauración, sino más bien de una instauración. La Monarquía juancarlista consiguió borrar sus orígenes y construirse una legitimidad dinástica, constitucional, democrática y popular, fruto de un trabajo decidido y constante. Se convirtió progresivamente en símbolo unificador y moderador en una España democrática y moderna. Don Juan Carlos y sus colaboradores demostraron ser capaces de releer en clave posibilista y moderna las experiencias de otros reyes y pretendientes de la dinastía borbónica -e, incluso, del cuñado, Constantino II de Grecia-. El final del periodo de la Transición, en torno a 1981-1982, iba a coincidir con el momento clave en el proceso de legitimación de la Monarquía juancarlista.

Las legitimidades democrática y popular, que la Monarquía de Juan Carlos I fue acumulando a lo largo de la Transición, borrando poco a poco el estigma de sus orígenes franquistas, se unieron a la puramente dinástica y a la constitucional. La primera fue adquirida en 1977 tras la renuncia de Don Juan a sus derechos al trono, una vez persuadido de que la Monarquía y la democracia estaban en adecuada vía de consolidación. La legitimidad constitucional fue recuperada en 1978, en un referéndum que era algo más que una simple aprobación de la Constitución, pues implícitamente interrogaba también sobre la forma monárquica del Estado. En la nueva ley fundamental, imaginada como una verdadera Constitución para todos los españoles, se especificaba que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

A LO LARGO de su reinado, Juan Carlos I no se alejó del espíritu y de la letra de la Constitución de 1978, y desplegó su poder arbitral y moderador en el interior, sin interferencias y con imparcialidad. Concentró buena parte de sus empeños en la tarea de ser el primer embajador de España. La monarquía juancarlista adquirió en pocos años una trabajada legitimidad y popularidad, que iba a conservar casi intacta hasta las crisis del siglo XXI. Fue precisamente la erosión de estos dos elementos, en una España en graves dificultades, la que acabó por impulsar a Juan Carlos I a abdicar la Corona en 2014. Los errores evidentes (el caso de corrupción que afectaba a Iñaki Urdangarin, las cacerías de elefantes, la mala gestión de las aventuras extramatrimoniales, unos manejos económicos poco claros, escasa transparencia), el exceso de confianza en una Monarquía herida de éxito, la no adaptación a unos nuevos tiempos, los del siglo XXI, y la situación de profunda policrisis en España abocaron a un final no previsto de la Monarquía juancarlista.

En junio de 2014, Juan Carlos I abdicó la Corona de España y su hijo Felipe VI se convirtió en el nuevo Rey. Estamos, media docena de años más tarde, a la espera de saber cómo van a evolucionar los distintos frentes judiciales abiertos, tanto en Suiza como en España, del Rey Emérito. Nuestro sistema democrático requiere, en todo momento, transparencia y justicia. Sea como fuere, la nueva Monarquía española, encarnada por Felipe VI, necesita cuanto antes pasar página definitivamente de este pesado pasado, a fin de reiterar su ejemplaridad y su utilidad, para poder afrontar un futuro en el cual la estabilidad y la unidad que la Corona asegura van a resultar imprescindibles.

Jordi Canal es historiador y profesor en la EHESS (París).

La universidad española: la vieja anormalidad inmune a la pandemia

ADOLFO LÓPEZ MUNAIN – EL MUNDO, 01-06-20

 Primavera robada, primavera de miedo, pero insultantemente bella. Parece que la naturaleza ha eclosionado con más fuerza que nunca como para recordarnos que no somos sus dueños.

Se ve cada vez más gente por la calle. Hoy he podido saborear por primera vez en más de dos meses un vino en compañía en la calle. Me ha sabido bueno a pesar de la mascarilla. El pequeño comercio con sus puertas abiertas, los dueños en la puerta mirando la calle con un brillo de ansiedad en la mirada, aún con el susto dentro, pero también con esperanza. Los telediarios nos anuncian que una compañía norteamericana tiene resultados muy esperanzadores de una vacuna contra el coronavirus. Ingenio y esfuerzo contra la muerte. Renace la esperanza y poco a poco la rueda de la vida comienza a ponerse en marcha.

Hace ya algunas semanas que en el hospital las camas vuelven a estar llenas de nuevos enfermos con viejas enfermedades. Después de lo vivido, conforta escuchar las dolencias de siempre. Vuelve lo conocido, el enemigo identificable. Al virus se le presiente, pero ya un poco más lejano, momentáneamente derrotado. Sabemos que volverá, pero sabremos hacerle frente. Hemos sufrido. Hemos perdido a muchos, pero de momento hemos ganado. Con notable esfuerzo, a un alto precio, pero le hemos ganado.

Comienza el ruido político. Los ajustes de cuentas. Cacerolas y banderas. La historia de siempre. Discutir a pedradas, o a palos, cualquier cosa vale para atizar al contrario. Casi nunca un argumento o una crítica sosegada. Aquí pasamos de los aplausos a las palabras gritadas y no escuchadas, al ruido. En fin, hasta en eso también se nota que va volviendo la vieja vida. No la echaba de menos.

Solía comenzar el genial Goscinny cada uno de sus libros sobre los resistentes galos: “¿Estaba toda la Galia ocupada por los romanos?” No, en un rincón perdido, una pequeña aldea resistía….”. Nuestra aldea gala rebelde, inmutable al paso del tiempo, a los tiempos de pandemia es la universidad (da igual de la que hablemos), pero en este caso, a diferencia de Astérix y sus colegas, no es un ejemplo de tenacidad, de inteligencia o de resistencia, sino de contumacia en el error, de vacuidad y de falta de fuste y sentido autocrítico, en definitiva, de decencia. La universidad española está llena de héroes anónimos e individuales, pero a nivel colectivo nos ha vuelto a fallar en esta crisis.

Y mientras se abren peluquerías, restaurantes y grandes almacenes, mientras la gente puede ir a la playa y vuelve el fútbol, la universidad, mi universidad, sigue cerrada a cal y canto. No es que no se plantee reanudar las clases (cosa discutible pero hasta cierto punto comprensible), es que sigue cerrada para reunirse, para estudiar, para leer, para investigar, para pensar. Me consuela saber que hay gente que está telecompartiendo o teleinvestigando, que el zoom o el skype echan humo, pero las puertas de la universidad siguen cerradas. Cerradas al virus, pero también cerradas al cambio, porque el virus que la infecta desde hace demasiado tiempo es mucho más poderoso que el COVID-19, es la pandemia de lo fútil, de lo innecesario y a la que al parecer aún no hemos encontrado cura.

¿Nadie ha pensado que la Universidad pueda ser un servicio esencial en España en tiempos de pandemia y fuera de ella? ¿Nadie ha pensado, que al igual que nos hemos protegido médicos, enfermeras, bomberos, conductores de camiones o ambulancias, basureros o empleados de supermercados, policías o militares, los investigadores y los centros universitarios podrían haber hecho lo mismo como un servicio público esencial y mantenerse abiertos? ¿Nadie se ha percatado que en la Universidad, además de dar clases, es de donde deberían salir (y saldrán, pero al parecer no de las nuestras) las propuestas, las soluciones, los consejos o los expertos, para ayudarnos a tomar las decisiones adecuadas en un momento tan crítico? En algunos sitios y con notable esfuerzo algunas voces, algunos espíritus insobornables e inasequibles al desaliento y a años de comportamiento lanar, han intentado ofrecer otra imagen prestándose a colaborar de forma altruista con el sistema sanitario (por cierto, salvo honrosas excepciones, con nulo o escaso eco), para salvar unos pocos la honra de todos, para seguir en nuestro propio estado de alarma silenciosa, pero perpetua, que consiste en no creer en nosotros mismos, en esforzarnos en ser invisibles para una sociedad a la que decimos servir en los actos académicos. ¿Y el pueblo llano? Pues como en tiempos del Cid. Miles de personas se han lanzado con entusiasmo a fabricar en cocinas y conventos, en restaurantes y hangares, caretas, mascarillas, geles y batas, mientras nuestros laboratorios universitarios, ya fuesen estos flamantes o decrépitos, seguían y siguen hasta hoy vacíos y silenciosos, cerrados por orden de la autoridad. ¡Qué buen vasallo si hubiese buen señor!

Esta es una alarma que, de tanto sonar, a nadie alarma ya (o mejor dicho, a casi nadie) a juzgar por el silencio cómplice de tantos. Ni una sola palabra de los rectores, ni una sola voz autorizada de la comunidad educativa exigiendo o suplicando volver a abrir los centros de investigación, reanudar los proyectos de investigación, o permitir que los trabajos de Fin de Grado, los trabajos Fin de Máster que tanto esfuerzo han costado a alumnos y a profesores no terminen en una pantomima para cubrir el expediente o que las tesis doctorales terminen tras más de 4 años de trabajo, en una ceremonia parecida a un velatorio de los de la fase dura del confinamiento. El silencio de la comunidad educativa resulta por estruendoso, casi insoportable.

Un país que en medio de una crisis sanitaria de dimensiones no conocidas desde hace siglos, cierra todas sus Facultades de Medicina y Enfermería, sus laboratorios y animalarios, sus escuelas de Ingeniería, pero también sus escuelas de historia y sociología, no solo para la docencia presencial, cosa comprensible, sino para la investigación, es un país que no se respeta a sí mismo, un país que gobierno tras gobierno, sea bajo monarquía o república, en dictadura o democracia, sigue anclado en unos parámetros vitales que son al parecer inamovibles, como hace ya casi 100 años denunció Cajal.

Un país que aplaude cada día 5 minutos a sus sanitarios, pero que al tercer día de salir a la calle comienza a protestar porque le han retrasado una cita en el ambulatorio, un país que está más atento a las vicisitudes por las que deben pasar los equipos de fútbol para poder entrenar tras realizarse unos test que se les han negado hasta que ha sido muy tarde a los trabajadores de las residencias, un país que escucha diariamente el parte de muertos sin alarmarse porque sus universidades sigan cerradas, es un país que no se respeta a sí mismo.

Con más de 28.000 muertos (contados a ojo, porque con lo difícil que es esconder un muerto, parece que aún no los sabemos contar), algunos piden crespón negro, otros lucir banderas que nos distingan, no vaya a ser que por equivocación y por una vez, hagamos algo bien y juntos, nos estremecemos en un recuerdo fugaz de los que nos han dejado, salvo para los que tuvieron que enterrar a sus muertos en silencio y en soledad, en un 2020 que será inolvidable. Y el resto, ahora ya tonificados con el permitido paseo diario, aliviados por ser supervivientes, a confiar en que alguien desde una Universidad lejana nos fabrique una vacuna eficaz y que el Estado nos la compre con un dinero que seguramente tendremos que pedir prestado. Es la infantilización suprema de un país a la que la Universidad española por desidia, por ausencia, por desgana, contribuye con esmero desde hace demasiado tiempo.

Pero tengan cuidado los responsables de este crónico desaguisado, porque a lo peor, si sigue cerrada, alguien se pregunte para qué sirve algo cuyo cierre no parece esencial. Tal vez consideren que con prolongar con otro nombre unos años más el Bachillerato, tal vez nos podamos apañar. Sería realmente una contribución singular del genio hispano, poder pasar de una adolescencia estirada directamente a la jubilación, sin necesidad de madurar.

Por cierto, el director de la compañía que producirá una de las vacunas contra el COVID-19 más prometedoras es un exiliado científico español. ¡Qué alivio! Al menos no es un problema genético, como me temía. Pero qué vergüenza.

Adolfo López de Munain es médico neurólogo y profesor de Neurología en la Universidad del País Vasco.

Valoración de una crisis única

Manuel Lagares. EL MUNDO, 26 de mayo de 2020

La publicación de la Contabilidad Nacional del primer trimestre nos ha proporcionado la desagradable sorpresa de una caída considerable del PIB. Su tasa real de crecimiento en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior fue del -5,2%, valor sin precedente en nuestra historia económica reciente. Una posible referencia sobre esa cifra nos la proporciona la crisis anterior, iniciada en España en el segundo trimestre de 2006, con una caída real del PIB de un -2,6% en el primer trimestre de 2009, tres años después de su inicio. Ahora, sin embargo, el derrumbamiento del PIB ha sido fulminante, de un trimestre al siguiente y de una cuantía doble a la de 2009 (-5,2% frente a -2,6%). Esto da una primera idea de la magnitud de esta crisis.

El cierre forzoso de muchas actividades económicas nos puede proporcionar otra sorpresa similar en el segundo trimestre. El Banco de España trabaja con la hipótesis de que el impacto de la crisis, en su escenario más pesimista, sea de un -13% para este año respecto a 2019. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera, en su escenario más pesimista, que ese impacto podría ser de un -12%. La presidenta del Banco Central Europeo ha elevado esa tasa hasta el -15%. Para tener una referencia de lo que significan esas tasas, el crecimiento del PIB en 2009, después del -2,6% del primer trimestre, fue de -3,76% en el conjunto del año, con una caída en el empleo de más de un millón y medio de personas. En esta ocasión, y dependiendo del escenario que se elija, el descenso del PIB puede alcanzar un -12, o un -13 o un -15%, mientras que el paro puede elevarse hasta 6,3 o 6,6 millones de personas, con un aumento respecto a 2019 de más de tres millones de nuevos parados.

Respecto a las cifras anteriores no sabemos si son exageradas o se quedan cortas. Solo cabe observar que las predicciones del FMI son peores cada vez y que otros organismos plantean oficialmente escenarios prudentes pero sus funcionarios advierten de que la realidad quizá supere ampliamente tales escenarios. La catástrofe nos puede alcanzar por diversos caminos. The Economist ha señalado que el sistema global de alimentos está mostrando hasta ahora una sorprendente resiliencia que ojalá dure, pero cuatro quintas partes de la población del planeta se nutren de alimentos importados que exigen de inmensas caravanas de camiones y de barcos que conecten decenas de millones de granjas con cientos de millones de tiendas y cocinas. El cierre de las fronteras impide esas caravanas absolutamente necesarias para los esquemas actuales de producción y consumo, poniendo en grave riesgo la alimentación de muchos al tiempo que impiden que entren en granjas y plantaciones los habituales trabajadores extranjeros necesarios para la recolección. Lo peor es, sin embargo, que a muchos consumidores se les están acabando ya sus recursos para adquirir víveres, como prueban las colas crecientes a las puertas de las instituciones de caridad y de los bancos de alimentos. Tampoco existen precedentes de la gran velocidad con que esta crisis se ha difundido por todo el mundo, justificando que la directora gerente del FMI la haya calificado como “una crisis mundial como ninguna otra”. También el gobernador del Banco de España ha advertido con mucha claridad ante el Congreso de los Diputados de la profundidad y gravedad sin precedentes de esta crisis.

En cuanto a su duración también puede hacerse alguna hipótesis. Hay que recordar que la tasa real de crecimiento trimestral del PIB de un 1,1% durante el primer trimestre de 2006 no se volvió a alcanzar en España hasta el primer trimestre de 2015. Es posible que la recuperación se alargase entonces indebidamente porque el sistema financiero español no tenía una capitalización suficiente. Ahora quizá no tardemos nueve años en recuperarnos, pero tampoco uno solo como algunos pronostican. El hecho bastante probable de una segunda oleada de la pandemia tampoco ayuda a una visión optimista. Solo se podrían cambiar esas malas expectativas si una medicación eficaz o una vacunación universal permitiesen acabar con las nuevas infecciones.

Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas no disponemos de los datos del primer trimestre de este año y, por tanto, no conocemos el impacto del Covid-19 en sus cuentas. Pero tenemos algunas estimaciones sobre ese impacto, como las que se incluyen en las edulcoradas comunicaciones del Gobierno a la Comisión Europea y las de los informes de la AIReF. Frente a la estimación de nuestro Gobierno, la AIReF considera que se obtendrán unos 30.000 millones de ingresos menos que los comunicados a Bruselas, lo que no podrá compensarse con meros aumentos de los tipos de gravamen en los impuestos tradicionales -IRPF, IVA, Sociedades…- o con la revitalización de figuras que, como el impuesto sobre el patrimonio, han fracasado rotundamente en todos los países que lo establecieron y ha desaparecido en todo el mundo. Aunque algunos miembros del Gobierno no lo crean, esas medidas, al disminuir la renta disponible de familias y empresas, conducirían a una mayor reducción de la actividad económica y quizá a la transferencia de empresas, fortunas y personas al extranjero con su secuela de mayores niveles de paro. Cosa bien distinta sería poner en marcha la reforma fiscal propuesta en 2014, que implicaba limpiar las figuras esenciales del sistema fiscal de sus numerosas vías de escape, reduciendo la evasión y mejorando la eficiencia de nuestra economía en su conjunto.

Según la AIReF, los gastos públicos representarán unos 61.000 millones más que los efectuados en el pasado ejercicio y se concentrarán en gastos de consumo y en transferencias. Los mayores gastos de consumo deberían evitarse con todo rigor. Las mayores transferencias a los parados, a los trabajadores autónomos y a las demás personas y empresas que han perdido sus ingresos resultan totalmente necesarias para evitar una auténtica catástrofe social en los próximos meses. Por eso tales personas y empresas deberían ser sus exclusivos beneficiarios. Pero financiar un fuerte crecimiento de los gastos resultará imposible sin la ayuda del BCE y la Comisión Europea, que no dejarán de imponer a cambio sus condiciones de política económica a nuestro Gobierno. Por eso la política fiscal debería abordar, antes que nada, una estricta y profunda remodelación del gasto público que permita ahorrar muchas sumas que hoy se ocultan en tareas improductivas y partidas de eficiencia dudosa. Pero no parece que esa revisión pueda efectuarse por el actual Gobierno dada su desmedida afición al gasto público.

El déficit público puede aumentar en unos 115.000 millones sobre los 35.000 de 2019, elevando su cuantía casi al 14% del PIB y la deuda pública a más de su 122%, pero esas magnitudes probablemente se queden muy cortas. Cabe recordar que su cuantía en 2009 fue de un -11,3% del PIB, habiendo partido de un superávit en 2007 del +2,1%, lo que condujo a un aumento neto del déficit del -13,4% del PIB en esos años. Si a esa cifra se añadiese al déficit de 2019 (-2,8%) el de 2020 se elevaría por encima del 16% del PIB, lo que no puede descartarse en absoluto. Los problemas que esa situación supone no son solo de financiación sino de su reducción posterior cuando la crisis se haya superado, lo que obliga a evitar dos riesgos importantes. Uno, el de la trampa de la pobreza, con su efecto negativo sobre el empleo, porque muchos de los que reciban los subsidios podrían acomodar su vida a los mismos y no volver a buscar trabajo. Dos, el de la pervivencia del subsidio una vez la crisis se haya superado. Las experiencias de otros países podrían quizá servirnos de guía en el diseño de las medidas oportunas.

Muchas y muy difíciles tareas nos quedan por delante. Necesitaremos de un Gobierno que entienda realmente el problema y tenga voluntad de afrontarlo sin subterfugios ni mentiras, pero también del acuerdo a largo plazo de los grandes partidos políticos alrededor de un programa muy duro, porque esta crisis no se arregla con aspirinas. El pueblo español siempre ha dado cumplida respuesta a sus grandes desafíos y sacrificios, incluso mayores que los ahora necesarios. Esta vez también lo hará.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública.