• Páginas

  • Archivos

  • noviembre 2020
    L M X J V S D
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

Contra la Ley Celaá

Exdirectores del Instituto Cervantes contra la Ley Celaá: “Es una canallada, un genocidio lingüístico”

MANUEL LLORENTE

Madrid

EL MUNDO. Jueves, 19 noviembre 2020

César Antonio Molina, Fernando R. Lafuente, Juan Manuel Bonet, Jon Juaristi y Santiago de Mora-Figueroa rechazan la norma según la cual el castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza

“La lengua es una de las vigas maestras de un país. Si se la ataca o deteriora, el edificio mismo del Estado sufre una gravísima contusión», dice César Antonio Molina. «Nuestra lengua común, el español, la llevamos hablando al menos desde hace 500 años y ya es un patrimonio de todos. Además es la segunda lengua más hablada del mundo con cerca de 700 millones de personas que la tienen como materna. Es y debe ser vehicular porque con ella nos entendemos todos y, por supuesto, respetando la cooficialidad y todo lo que ello implica del resto de nuestras otras lenguas igual de españolas».

Molina, director del Instituto Cervantes entre mayo de 2004 y julio de 2007 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se pregunta: «¿Cómo es posible que desde un Gobierno socialista se quiera imponer esta norma para darle gusto al independentismo etarra y golpista de Esquerra? De nuevo Podemos perjura contra aquello que prometió al hacerse cargo de sus puestos en el Gobierno. Esta es una de las más graves agresiones contra la Constitución».

Para el que fue también ministro de Cultura con el PSOE, además de dirigir el Círculo de Bellas Artes de Madrid y La Casa del Lector, «la RAE y el resto de las Academias deben mostrar su rechazo. Con qué cara se presentarían si no ante el resto de sus Academias hermanas de Hispanoamérica-Norteamérica-Filipinas y África». Y agrega: «E igualmente debe hacer el Instituto Cervantes, que es quien representa en el mundo a esos millones de hablantes. ¿Se puede estar extendiendo el español en el mundo mientras en su propia cuna se le trata de ahogar? ¿Será ya entonces necesario el propio Instituto o se le entregará como ofrenda a los mismos e infamantes peticionarios?». Y lanza un reto a Luis García Montero: «La dirección del Cervantes debe aclarar su postura. La personal ya la conocemos, pero ahora le pedimos la institucional. Quienes hemos dirigido esta institución a la que seguimos amando y a la que pusimos también al servicio de las lenguas cooficiales, estamos en el derecho de saberlo».

Fernando R. Lafuente, que fue el tercer director del Cervantes, afirma: «A veces, la Historia avanza hacia atrás, pero en Cultura hay una premisa insoslayable, sumar y no restar. Una lengua, cualquier lengua, es una riqueza en sí misma. El español es hoy la segunda lengua internacional. Un patrimonio cultural extraordinario que para sí quisieran muchas naciones europeas. Resulta sorprendente que se quiera dificultar a parte de la población española el acceso a un bien internacional de tal dimensión social, cultural y económica. El español es el petróleo de la sociedad española e iberoamericana. ¿Alguien entendería que a un alumno de Edimburgo se le orillara la enseñanza en inglés?».

El director del máster de Cultura Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset agrega: «La proyección mundial del español es uno de los hechos más determinantes de las últimas décadas. Esto es algo que, junto con las repúblicas americanas, desde España debería cuidarse de manera determinante y ejemplar. El resto es silencio. Sí, hay momentos que la Historia, como en estos días, avanza hacia atrás».

Juan Manuel Bonet, que ha sido el responsable del Cervantes en 2017 y 2018, escribe a ELMUNDO: «La lengua española es tan propia para catalanes, gallegos o vascos, como las lenguas catalana, gallega y vasca. Los catalanes sensatos saben que Pla, Eugenio d’Ors o Perucho escribieron indistintamente en español y catalán. Los gallegos sensatos saben lo mismo de Cunqueiro, Dieste o Pimentel. Y los vascos sensatos, lo mismo de Gabriel Aresti, aunque en su caso el español lo utilizó en ensayos, y no en su poesía. Por lo demás, en todas estas comunidades autónomas hay escritores que sólo han escrito en una lengua: por citar a algunos de los que no utilizaron esa lengua que ahora inequívocamente se pretende llamar propia, y escribieron sólo en ese español que ahora se quiere invisibilizar, por emplear la palabra que emplea Olga R. Sanmartín en EL MUNDO, es el caso de catalanes como los hermanos Goytisolo, Marsé o Vázquez Montalbán; de gallegos como Julio Camba, Valle-Inclán o Torrente Ballester, y de vascos como Baroja, Unamuno o Blas de Otero».

Jon Juaristi, director del Cervantes entre marzo de 2001 y mayo de 2004, cree la pretensión que nos ocupa es «una canallada». «Supone en la práctica negar la posibilidad de la lengua española a todos los hijos e hijas de los catalanes, que son la totalidad», dice a este periódico en conversación telefónica.

«El español es la lengua oficial del Estado», agrega este catedrático y ex director de la Biblioteca Nacional. Lo que se pretende realizar con la llamada Ley Celaá «es un genocidio lingüístico, destruir la lengua de los españoles, sustituirla por una que no tiene proyección internacional». Y agrega: «Lo que me interesa destacar es que esto responde a la estupidez de un Gobierno cortoplacista, quieren el poder con lo que sea».

Y se refiere, ahora, a la ministra Isabel Celaá: «El Partido Socialista de Euskadi es un partido nacionalista, es la izquierda del PNV, donde entró la gente de Euskadiko Ezkerra, luego de ETA, y en el caso de Celaá influye un complejo de señorita que no consigue ser nacionalista en el País Vasco. Hace con el catalán lo que no se atreve a hacer en el País Vasco porque con el vascuence no se puede ir a ninguna parte. En el País Vasco los nacionalistas saben que prohibir el español es hundir al País Vasco».

Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, director del Cervantes entre mayo de 1996 y abril de 1999, es claro: «Esa ley contiene expresiones que serían anticonstitucionales, está muy claro en el artículo segundo de la Constitución. Por lo menos es un error. Si se lleva al Constitucional puede tardar entre dos y 200 años, y ya se sabe: ‘Justicia dilatada, justicia denegada’. Es una locura, es intentar conseguir fines y objetivos más bien mediocres pero útiles para la política del día al día, dañando muy gravemente unos activos como la lengua española. He sido también embajador de España en Londres y diplomático en otros países y estoy muy orgulloso de haber defendido la lengua. Es nuestro activo principal».

Hay que ser burros

Pedro Simón.  EL MUNDO. Hoy

El español es el idioma oficial en los sistemas educativos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Cuando se apruebe la ley educativa del Gobierno, uno de estos 21 países saldrá de la lista. Elijan la respuesta más disparatada. Piensen lo más ridículo.

En efecto, la cagamos.

Conviene dejarlo claro desde el principio para subrayar el dislate: el Ejecutivo español ha tachado literalmente que el español aparezca como lengua oficial en el sistema educativo español en un documento escrito… en español y en un país llamado España.

Después de la promoción de curso sin esfuerzo, después del profesorado sin el máster oficial, llega la última entrega de Superproducciones Celaá: la España sin el español. O con un español jibarizado, con uno a medio gas, con uno que no estorbe mucho.

Porque nuestros alumnos -eso sí- van sobradísimos de gramática y de ortografía y de oratoria y de sintaxis y tienen auténtica devoción por Faulkner.

Que el español deje de ser por ley la lengua vehicular equivale a elegir un coche que no pueda circular por todas las carreteras. Ahí casi siempre hay un accidente. O un atasco. O unos conductores que no se enteran. El paleto con un Bentley.

Es cierto que hubo un tiempo ominoso (durante el franquismo y aún después) en que el idioma español caía como un yugo imperial sobre las otras lenguas del Estado. Esa burrada del nacionalcatolicismo. Pero no es el caso hoy. Volver ahí es legislar sobre un trampantojo.

Adónde va un chico de Arenys de Munt o de Ondarroa si no sabe no ya el inglés, sino el castellano, un buen castellano, uno mejor que el sabe uno de Valladolid, pongamos. De qué extraño modo defiende un gobierno socialista la igualdad de oportunidades si no utiliza esa llave que abre puertas gratis: una lengua que hablan 580 millones en el mundo.

Se puede ser de izquierdas y decir cosas sensatas sobre la enseñanza. Incluso se debieran decir, sobre todo porque los que menos tienen necesitan la educación pública como boya a la que agarrarse.

Antonio Machado lo hacía: «Nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos -digámoslo de pasada-, rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro».

¿De vuelta al Tercer Mundo?

Gabriel Tortella. EL MUNDO. Jueves, 22 de octubre de 2020

A los años que van desde 1976, en que Adolfo Suárez ascendió a la presidencia del Gobierno, hasta 1982, en que el PSOE ganó las elecciones, se les designa comúnmente como la Transición, porque durante ese período la política española recorrió el camino desde la estructura dictatorial que había construido el franquismo a la democrática que construyeron los españoles en su conjunto, unos con su gestión política, los más con su voto. El pueblo español mostró una voluntad casi unánime de abrazar la democracia y desechar para siempre el autoritarismo. Yo diría sin embargo que, además de transitar hacia la democracia, el pueblo español transitó también del Tercer Mundo al Primero.

Recordemos qué significa esta ordenación numérica de los mundos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el derrumbamiento estruendoso del comunismo durante la última década del siglo pasado, el mundo vivió un periodo de cerca de medio siglo que también tiene nombre propio, la Guerra Fría, que se caracterizó por el enfrentamiento permanente entre dos bloques de naciones, el capitalista democrático (creo más exacto llamarle social-democrático) y el comunista dictatorial. El primer bloque estaba encabezado por EEUU, el segundo por la URSS. Al mundo que llamaremos capitalista para abreviar (insisto, no me parece el término más apropiado) se le llamó también el Primer Mundo, quizá por ser el más antiguo y rico. Al bloque comunista, su contrincante, se le llamó Segundo Mundo. Y a los países que no pertenecían a ninguno de estos bloques se les englobó en el colectivo Tercer Mundo (o Países No Alineados). Algunos de estos países estaban muy ufanos de pertenecer a este grupo, por considerarse así más independientes, no sometidos a ninguna imposición ideológica o potencia extranjera. Otros no tanto porque la expresión Tercer Mundo adquirió un matiz peyorativo, connotado de pobreza, subdesarrollo y desgobierno, de abigarramiento, pintoresquismo y prácticas poco democráticas.

El Tercer Mundo era un gran cajón de sastre que reunía algunas naciones, muy pocas, genuinamente democráticas, como la India. La mayoría podían ser democráticas a ratos, pero lo más común es que se rigieran por sistemas autoritarios de uno u otro pelaje. El autoritarismo reviste muchas formas. El franquismo era una de ellas: fue una dictadura militar que se basaba en la represión y, si lo consideraba necesario, el asesinato. Mató a mucha gente en sus primeros años; pero no era un régimen genocida, como lo fueron el nazismo o el estalinismo. Franco y su régimen no querían considerarse Tercer Mundo (a él le gustaba llamarse Centinela de Occidente), pero se debatían en sus propias contradicciones. Los países miembros del Primer Mundo tenían que ser democráticos y el franquismo no lo era, no podía serlo. Durante un tiempo lanzó la cortina de humo de la “democracia orgánica”, como otros autócratas lanzaron reclamos parecidos: Sukarno, el dictador progresista de Indonesia, hablaba de “democracia dirigida”. Pero estas triquiñuelas no colaban: aunque se vista de seda la mona, mona se queda. La democracia dirigida de Sukarno sólo era aceptada en las reuniones del Tercer Mundo, como lo era la dictadura comunista de Tito, porque allí casi todos los asistentes eran dictadores de un pelaje u otro, como ya hemos visto. La dictadura de Franco hubiera también sido aceptada allí, pero Franco no quería que España fuera considerada Tercer Mundo; y sin embargo, por la misma naturaleza de su régimen, lo era. Su Gobierno intentó repetidamente ser aceptado como miembro de la Unión -entonces, Comunidad- Europea, pero nunca lo consiguió.

Si Franco se resistía a ser clasificado como gobernante del Tercer Mundo, menos aún quería ser parte de él el pueblo español, frustrado por verse excluido del núcleo democrático europeo y consciente de que era la naturaleza del régimen franquista lo que nos alejaba de la normalidad europea. Y ello contribuyó a la impopularidad del franquismo, como se vio durante la Transición. Casi más que la democracia, lo que entusiasmaba a los españoles era alinearse con el núcleo de Europa, aunque en realidad ambas cosas, democracia y europeísmo, eran dos caras de la misma moneda. Cuando en 1986 España accedió a la condición de miembro de pleno derecho en la Unión se culminaron los mayores deseos de millones de españoles.

Pero a partir de entonces, lentamente, las cosas comenzaron a torcerse, como a menudo sucede en nuestra historia. Piénsese en la Gloriosa Revolución de 1868 y la Primera República de 1873. O en la Segunda República de 1931. Como escribió Antonio Machado, “empecé riendo y acabé llorando”. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que, en la euforia de la Transición, muchas cosas importantes quedaron inacabadas. Para empezar, la Constitución dejó muchas cuestiones no resueltas ocultas bajo la alfombra, la más importante de las cuales, la de los nacionalismos periféricos, ha sido como un áspid oculto que ha ido envenenando toda nuestra política, desde la economía y la convivencia interna hasta las relaciones exteriores. Pero quedaron muchas más cuestiones inacabadas, relativas a la justicia, al sistema electoral, al sistema fiscal, a las cajas de ahorros, a la reforma de la Constitución, etcétera. La conmemoración del Descubrimiento de América (o la llegada de los españoles a América, si se prefiere) en 1992 quedó empañada por problemas monetarios que exigieron varias devaluaciones de la peseta. La euforia volvió con la entrada de España en el euro a finales de siglo cumpliendo todos los requisitos; pero se daba un inexorable fenómeno biológico que matizaba el entusiasmo: las nuevas generaciones que entraban en la liza política ya no tenían memoria viva de la Transición y, por lo tanto, valoraban menos sus logros y su prestigio. Lo que para los padres fue una gran gesta cívica, para los hijos ya adultos era la típica historia de pasadas batallitas. Eran las condiciones presentes, las de principios del nuevo siglo, las que interesaban, y se trataba de resolverlas olvidando el pasado. Los éxitos y los errores de Aznar agriaron las relaciones entre los principales partidos. El atentado del 11-M de 2004 fue como una declaración de guerra y el estallido de la crisis de 2007, un terremoto retardado.

Todos los problemas que se ocultaban debajo de la alfombra afloraron: una generación ignorante del pasado salió al escenario como caballo en cacharrería y sin querer puso de manifiesto todos los defectos de una Transición inacabada. Los dislates y triquiñuelas de Zapatero dieron a Rajoy una mayoría absoluta que éste, para quien la economía, y no España, era “lo único importante” (parafraseando a Fraga), en lugar de acometer todos los problemas estructurales pendientes, los ignoró olímpicamente en su ansia de hacer amigos. Los políticos, según Rajoy, no están para resolver problemas, sino para congraciarse con unos y con otros. Su pasividad y el terremoto gradual de la crisis le arrebataron la mayoría absoluta en 2015. El Parlamento se fragmentó, de modo que en las cuatro elecciones generales siguientes las mayorías fueron todas relativas y exiguas. Hoy los 120 escaños del pasado noviembre, tres menos de los que en 2015 le parecieron a Rajoy insuficientes para formar Gobierno, a Sánchez le parecen más que suficientes para abolir la Monarquía, dialogar sin condiciones con los separatistas y subvertir el sistema judicial, garantizando así la impunidad para sí mismo y para todo su Ejecutivo, en especial para su comunista vicepresidente, que ya estaría imputado o investigado si no disfrutara de los privilegios de la casta política. Estos son pasos decisivos para convertir nuestra democracia liberal en una república tercermundista. Hasta tal extremo es esto así que nuestros socios de la UE nos han tenido que dar un toque de atención.

Hace 40 años los españoles suspiraban por acceder a la condición de país plenamente europeo. Y yo me pregunto: ¿estamos hoy los españoles dispuestos a desandar lo andado desde 1976 y transitar marcha atrás para convertirnos de nuevo en un paria en Europa y en un país del Tercer Mundo?

Gabriel Tortella, economista e historiador, es autor, entre, otros libros, de Cataluña en España. Historia y mito (con J. L. García RuizClara E. Núñez y Gloria Quiroga) y miembro del Colegio Libre de Eméritos.