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¿Y los otros catalanes, Sr. Sánchez?

TEODORO LEÓN GROSS. EL PAÍS, viernes, 25-06-21

El mayor error de Pedro Sánchez no son los indultos ―habrá ocasión de evaluar el efecto de estos― sino haber ignorado a la otra mitad de la sociedad catalana excluida por el nacionalismo. El presidente ha comprado la versión completa del relato indepe, que ignora a esa mitad, sin más. Del Liceo al Consejo de Ministros, el presidente no ha tenido el menor gesto de empatía y magnanimidad hacia quienes han sido víctimas directas del nacionalismo antes y durante el procés, hasta el golpe al orden constitucional del 1-O. Y eso parecía un mínimo, no ya para un presidente de izquierdas, a quien se supone cierta sensibilidad hacia los perdedores del sistema que han soportado humillaciones de una casta dominante, sino para un presidente que vende concordia. A esa mitad de la sociedad catalana que el nacionalismo excluye de la condición de “pueblo de Cataluña”, y no sólo en los discursos más o menos de opereta al salir de prisión, ni siquiera se les cursó invitación al Liceo a través de alguna asociación. No ya en el patio de butacas, con los patricios; tampoco en el gallinero de los plebeyos. Nada. Y hay una deuda con ellos. El fracaso del 1-O debe mucho a la falta de reconocimiento internacional y al discurso del Rey, pero también a aquella manifestación del 8 de octubre que puso los focos en esa otra mitad herida de Cataluña a la que Sánchez remata ignorándolos. Esto, una vez más, ya no va de ellos.

En la sesión de control, Pedro Sánchez hizo una pregunta adecuada cuando Rufián le preguntó: “¿Qué planes tiene el Gobierno tras los indultos?”. El presidente le replicó: “¿Y qué planes tiene ERC tras la medida de gracia? ¿Qué planes tiene el Govern de la Generalitat?”. Poco después, sin embargo, aunque Rufián puso en duda la valentía de Sánchez sugiriendo que actuaba así por mera necesidad, el presidente se limitó a decir “le agradezco sinceramente sus amables palabras” y, ante la incredulidad del hemiciclo, tuvo que añadir “lo digo sin ningún tipo de sarcasmo”. Pedro Sánchez prefirió mimar a ERC perdiendo otra oportunidad de insistir en que la concordia debe empezar en Cataluña, con esa otra mitad excluida y muchas veces humillada, a la que ni siquiera se le permite estudiar en su lengua materna, que es lengua cooficial allí y lengua del Estado que hablan 500 millones de personas. Al revés. En la medida en que Sánchez trata de víctimas a los indepes ―un caso único de víctimas que son la mitad más rica de población, más ricos que quienes supuestamente los sojuzgan, a los que imponen su lengua y sus jerarquías… todo muy lógico― está convirtiendo a esa mitad de Cataluña, como al resto de España, en sus verdugos. Porque, en definitiva, donde hay víctimas, hay verdugos. Y así el relato indepe, una vez más, se impone contra toda evidencia. Ahí está la indiferencia con que el Gobierno ha gestionado una declaración del Consejo de Europa equiparando a España con Turquía, que es un precio alto. Aunque no tan alto como fallar a esa mitad de catalanes que una vez más son los perdedores del juego del poder en el tablero de la política.

Volver a la sensatez

JOAQUÍN LEGUINA. ABC, viernes, 19 de marzo de 2021

Luis Ventoso se hacía días atrás en estas páginas tres preguntas fáciles de responder: 1.- ¿Cuál es el único país de la UE con el rancio y multifracasado comunismo incrustado en su Gobierno? 2.- ¿Cuál es el único país europeo que pagaba una nómina a un vicepresidente que directamente no hacía nada y carecía de agenda de trabajo más allá de intrigar? 3.- ¿Cuál es el único país del mundo donde en el día en que el presidente se encuentra en el extranjero, en un acto en Francia, su vicepresidente anuncia súbitamente con un vídeo en Twitter que se da de baja en el Ejecutivo para buscarse los garbanzos en unas elecciones regionales?

Y la respuesta a las tres preguntas era: España.

¿Y quién es el mayor responsable de este desaguisado? Pues Pedro Sánchez. Y ahora Iglesias se baja del burro para venir a Madrid a intentar salvar a su partido.

Pero, ¿qué representa Iglesias siendo, como es, nada menos que vicepresidente del Gobierno? No sólo apuesta por el desastre del comunismo sino que está obsesionado por traer otra vez a España la República (¿por qué no le pagamos una beca y que se vaya a predicar ese mensaje a Suecia?). También está en contra de partes esenciales de la Constitución española y a favor de las reivindicaciones separatistas (‘el derecho a decidir’) que, de ponerse en práctica, destruirían la unidad de España. ¿Qué izquierda es ésta que quiere destruir la nación española?

En fin, este personaje tóxico que como vicepresidente del Gobierno jamás se le ha oído hablar de la tragedia sanitaria ni de los otros grandes problemas que tiene nuestro país. Por ejemplo, ¿alguien ha oído a Iglesias una sola propuesta sobre el paro juvenil? Pide subir los impuestos ignorando que en España los impuestos ‘per cápita’ son mayores que la media de la UE. ¿No sabe que los asalariados españoles pagan el 90% del IRPF mientras que los salarios sólo representan el 45% del PIB?

Este ignorante agitador no debería aspirar a nada en Madrid, porque los madrileños, en un 90%, no podemos ni ver a los separatistas catalanes ni a los asesinos de ETA ni a los ‘aprovechateguis’ del PNV. Espero que no llegue al 5% y se vaya de una vez a disfrutar de su chalé en la sierra.

Iglesias lo va a pasar mal, lo tiene difícil y todo gracias a una movida absurda impulsada también desde Moncloa. En efecto, la pandilla juvenil de Moncloa se unió a Inés Arrimadas con la intención de sacar de los gobiernos regionales de Murcia y de Madrid al PP. Uno se pregunta, con Vicente Vallés, ¿a qué españoles intentaba atraer Arrimadas con la descalabrada operación murciana?

Ciudadanos nació en Cataluña para llenar un vacío político creado con el gobierno tripartito presidido por Maragall. No había en el ámbito político catalán ningún partido no nacionalista, a excepción del PP. Había, por lo tanto, un hueco a cubrir: los catalanes no nacionalistas que no querían votar al PP no tenían a quién votar hasta que llegó Ciudadanos.

Como ha escrito el profesor Francesc de Carreras, «en el Parlamento autonómico se empezó a hablar con naturalidad en catalán y castellano. Desde el nacionalismo, esta ruptura de la transversalidad catalanista fue vista como un gran peligro. Inmediatamente se los tachó de fachas y hasta de falangistas: a Albert Rivera se le llamó Primo de Rivera. Primero con lentitud y dificultades, después en rápido ascenso, de estos 3 diputados se pasó a 36 en 2017. Ciudadanos pasó a ser un gran partido en Cataluña, superando claramente a los socialistas». Y en las siguientes elecciones fueron el partido más votado en Cataluña y obtuvieron 57 diputados en el Congreso.

A partir de ese momento todo fueron errores, primero de Rivera (cayó de 57 a 10 diputados) y luego de Arrimadas, cuya última hazaña murciana ha sido de traca. Una formación que una vez que se planteó como partido nacional trajo muy pocas ideas nuevas y mucha demagogia. Por ejemplo, proponiendo que si un político estaba siendo investigado por un juez tuviera que dimitir, saltándose dos valores básicos de cualquier democracia: la presunción de inocencia y la separación de poderes.

Menos mal que en Madrid les ganó por la mano Díaz Ayuso y ahora será difícil que Ciudadanos supere el mencionado 5%.

La política española está hoy en manos de gente que no ha trabajado en su vida. Y lo peor de poner a estos mediocres arriba es que ellos marcan el listón máximo de excelencia. Todo lo cual indica que -en palabras de Ignacio Varela- «el divorcio de la política con la realidad es brutal. Los políticos españoles han construido un universo virtual, una especie de campana neumática completamente desconectada del mundo real […]. Los españoles con mascarilla, golpeados por la pandemia y la recesión, asisten, entre iracundos y fascinados, al espectáculo fantasmal de sus gobernantes y dirigentes acuchillándose entre sí mientras el virus mata, las empresas se arruinan, los trabajadores pierden el trabajo y el país se cae a pedazos».

Es preciso un cambio de rumbo que inicie una Segunda Transición, cogidos de la mano PP y PSOE (ya sin Sánchez), con el fin de pactar varias leyes que rebajen los humos del separatismo (nueva ley electoral), despoliticen la Justicia y eliminen al máximo la introducción de paniaguados en la Función Pública. ¿Es esto posible? Sí, sí lo es, ahí está el ejemplo de Alemania.

Me tomaré, para terminar, la libertad de dirigirme a los madrileños que tengan dudas de a quién votar:

Por el bien de todos ¡no votéis a un tipo que es amigo del separatismo (Iglesias). Volvamos a la sensatez y exijamos los cambios legislativos que saquen de la política a tanto incapaz e inútil, a saber, la ya citada nueva ley electoral y que los puestos de subsecretario para abajo los cubran funcionarios de carrera.

En fin, hacer todo lo que se pueda para que vuelva un sano bipartidismo: una derecha liberal y una socialdemocracia donde ya no esté el sanchismo.

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Jaoquín Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid

Democracia para ángeles

José María Ridao, EL PAÍS, 10 de marzo de 2021

Los episodios de violencia perpetrados en Barcelona y otras ciudades a raíz del ingreso en prisión de un cantante de rap condenado por sentencia firme han dado lugar a varias controversias simultáneas, relacionadas con los límites de la libertad de expresión, la situación de los jóvenes en España o, en fin, la calidad de la democracia establecida por la Constitución de 1978. Son cuestiones distintas y de entidad suficiente como para no mezclarlas con la violencia: ni para intentar legitimarla, como han pretendido sus promotores, ni para buscar excusas que permitan seguir cerrando los ojos a los problemas que deberían haberse abordado en cualquier caso, con o sin escenas de fuego y destrucción en las calles.

En un país en que, como en España, dar publicidad a sumarios judiciales secretos filtrados delictivamente se considera el derecho y el deber de un sedicente periodismo de investigación, es evidente que existe un problema con la definición de algunas libertades relacionadas con lo que se puede y no se puede decir en público, y no solo porque un rapero invoque el arte para justificar exabruptos de odio más inspirados por el fanatismo que por las musas. La desorientación en la definición de la libertad de expresión ha llegado a tales extremos que, enfrentados los medios de comunicación al caso de un antiguo comisario que puso un negocio de espionaje, existen todavía dudas acerca de si deben publicar o no el contenido de sus muchos años de grabaciones ilegales. En realidad, ¿tiene sentido invocar la libertad de expresión para justificar que los medios actúen como el comisario pretende que actúen, esto es, como cooperadores necesarios en los chantajes con los que primero buscó lucrarse y ahora obtener la absolución de sus presuntos delitos? Y todavía más, ¿dónde está la noticia para la prensa democrática, en el contenido de unas grabaciones ilegales que, eventualmente, podrían contener indicios de criminalidad que investigarían los jueces, o, por el contrario, en el hecho de que un antiguo funcionario pretenda forzar el normal funcionamiento de los tribunales?

Por lo que respecta a la situación de los jóvenes en España, los equívocos no son menores que los que afectan a la libertad de expresión, y también han circulado antes y después de la reciente violencia callejera. A los jóvenes se les dice que su generación será la primera que vivirá peor que sus padres, dándoles a entender que son víctimas de un drama inédito en la historia. Lo más grave de esta afirmación no es que niegue la evidencia de que los jóvenes que sobrevivieron a las trincheras de 1914 y a las sucesivas carnicerías entre 1936 y 1945, por no hablar de las guerras coloniales y anticoloniales, tuvieron que desarrollarse como hombres y mujeres en un mundo destruido, infinitamente peor que el de las generaciones que los precedieron. No, lo más grave es que alimenta el mesianismo político en detrimento de las respuestas democráticas ante la vieja y humillante injusticia que padecen los jóvenes de nuestra época, pero que también padecieron los de otras. No por invocar el antifascismo se tiene enfrente al fascismo, ni, lo que es peor, se libra nadie de reproducir sus siniestras estrategias contra la democracia. La intolerable precariedad que padecen los jóvenes en España no es consecuencia de un estado de cosas nunca visto, sino de un recurrente y trágico error político que Manuel Chaves Nogales supo advertir con claridad en la Alemania que se aproximaba al abismo. En aquella Alemania, escribió Chaves, “el hombre laborioso y capacitado” consagraba “su juventud a adquirir una técnica difícil” y luego, “con sus diplomas en los bolsillos”, se veía condenado a “envejecer y morir en la miseria, sin que el mundo le haya ofrecido jamás la ocasión de ser útil y sin que haya podido probar si servía o no”.

Las causas de esta situación, germen de cuanto sucedió en los años siguientes, no fueron imputables únicamente a los partidos alemanes, porque también la propiciaron las potencias vencedoras del 14 al desentenderse de los efectos económicos y sociales de las reparaciones de guerra exigidas a Berlín. Pero el punto en el que los partidos alemanes sí contrajeron una responsabilidad propia e intransferible fue en la destrucción del sistema político de Weimar, bloqueando la formación de mayorías parlamentarias estables y, por esta vía, impidiendo que los sucesivos gobiernos abordaran con determinación problemas tan acuciantes como el de la juventud que describió Chaves. La excusa de unas fuerzas y otras para ahondar en un desastre previsible invocaba los defectos reales o supuestos de la Constitución de Weimar, como si las lagunas de un sistema democrático fueran un salvoconducto para explotarlas en beneficio propio en lugar de un inexcusable motivo para promover los acuerdos políticos que permitan colmarlas entre todos. En este sentido, la historia de Europa ha sido habitualmente injusta con la Constitución de Weimar, haciendo recaer en sus disposiciones —o por decirlo con términos de actualidad, en la calidad del sistema político que instauró— responsabilidades que en realidad correspondían al oportunismo suicida de los partidos. De ahí la paradoja de que, denostada por la historia, la Constitución de Weimar haya seguido inspirando, sin embargo, algunas de las leyes fundamentales en las que se apoyan grandes democracias de nuestro tiempo.

Conviene decirlo sin alarmismo, pero también sin rodeos: el horizonte que podría vislumbrarse para la Constitución de 1978 recuerda demasiado al que terminó devorando a la Constitución de Weimar, debido a que está generalizándose entre los partidos españoles una actitud fundada en equívocos interesados y no muy distintos de los que proliferaron entonces. Nada hay de reprochable en el hecho de que los académicos debatan sobre la calidad de los sistemas políticos democráticos, puesto que esos sistemas constituyen, precisamente, su objeto de estudio, y los baremos y clasificaciones que emplean son sólo eso, baremos y clasificaciones, válidos para la elaboración de esquemas teóricos. En términos políticos, sin embargo, entablar debates sobre la “calidad” de un concreto ordenamiento constitucional confunde planos que deberían estar rigurosamente separados, estableciendo una peligrosa pasarela entre sus defectos, reales o supuestos como en la Constitución de Weimar, y su legitimidad. Esta es la razón por la que los partidos que proponen prescindir de la Constitución del 78 empiezan siempre por denunciar la baja calidad del sistema político en España, como si ese concepto, la calidad —de la que, por lo demás, ellos se erigen en únicos intérpretes—, fuera un concepto o principio democrático capaz de legitimar cualquier iniciativa, dentro o fuera de las leyes.

La realidad política alemana que sucedió a la destrucción de la Constitución de Weimar es sobradamente conocida, y es aquí donde los paralelismos con la Constitución de 1978 y la realidad política española dejan de servir. Y la razón por la que dejan de servir es que nadie puede profetizar qué ocurriría si el ordenamiento del 78 acabara resultando inservible debido a que, por simple oportunismo como en Weimar, se le siguieran transfiriendo responsabilidades que no le corresponden. Que un representante público cometa un delito, así se trate de un antiguo jefe de Estado, no dice nada de la calidad de un sistema. Si el sistema disponía de controles y contrapoderes que no funcionaron, eso quiere decir que hubo cómplices en el delito. Y si no disponía de ellos, la tarea de los partidos comprometidos con la democracia no es juzgar acerca de la calidad del sistema, sino ponerse de acuerdo para crearlos. Lo contrario sería tanto como sostener que una democracia sólo es de calidad si garantiza lo que ningún sistema ha sido capaz de garantizar desde que el mundo es mundo, leyes para las que no existe la trampa y hombres y mujeres que, más parecidos a ángeles que a ciudadanos, ni conocen el delito, ni lo cometen.

José María Ridao es escritor.