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Hay que ser burros

Pedro Simón.  EL MUNDO. Hoy

El español es el idioma oficial en los sistemas educativos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Cuando se apruebe la ley educativa del Gobierno, uno de estos 21 países saldrá de la lista. Elijan la respuesta más disparatada. Piensen lo más ridículo.

En efecto, la cagamos.

Conviene dejarlo claro desde el principio para subrayar el dislate: el Ejecutivo español ha tachado literalmente que el español aparezca como lengua oficial en el sistema educativo español en un documento escrito… en español y en un país llamado España.

Después de la promoción de curso sin esfuerzo, después del profesorado sin el máster oficial, llega la última entrega de Superproducciones Celaá: la España sin el español. O con un español jibarizado, con uno a medio gas, con uno que no estorbe mucho.

Porque nuestros alumnos -eso sí- van sobradísimos de gramática y de ortografía y de oratoria y de sintaxis y tienen auténtica devoción por Faulkner.

Que el español deje de ser por ley la lengua vehicular equivale a elegir un coche que no pueda circular por todas las carreteras. Ahí casi siempre hay un accidente. O un atasco. O unos conductores que no se enteran. El paleto con un Bentley.

Es cierto que hubo un tiempo ominoso (durante el franquismo y aún después) en que el idioma español caía como un yugo imperial sobre las otras lenguas del Estado. Esa burrada del nacionalcatolicismo. Pero no es el caso hoy. Volver ahí es legislar sobre un trampantojo.

Adónde va un chico de Arenys de Munt o de Ondarroa si no sabe no ya el inglés, sino el castellano, un buen castellano, uno mejor que el sabe uno de Valladolid, pongamos. De qué extraño modo defiende un gobierno socialista la igualdad de oportunidades si no utiliza esa llave que abre puertas gratis: una lengua que hablan 580 millones en el mundo.

Se puede ser de izquierdas y decir cosas sensatas sobre la enseñanza. Incluso se debieran decir, sobre todo porque los que menos tienen necesitan la educación pública como boya a la que agarrarse.

Antonio Machado lo hacía: «Nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos -digámoslo de pasada-, rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro».

¿De vuelta al Tercer Mundo?

Gabriel Tortella. EL MUNDO. Jueves, 22 de octubre de 2020

A los años que van desde 1976, en que Adolfo Suárez ascendió a la presidencia del Gobierno, hasta 1982, en que el PSOE ganó las elecciones, se les designa comúnmente como la Transición, porque durante ese período la política española recorrió el camino desde la estructura dictatorial que había construido el franquismo a la democrática que construyeron los españoles en su conjunto, unos con su gestión política, los más con su voto. El pueblo español mostró una voluntad casi unánime de abrazar la democracia y desechar para siempre el autoritarismo. Yo diría sin embargo que, además de transitar hacia la democracia, el pueblo español transitó también del Tercer Mundo al Primero.

Recordemos qué significa esta ordenación numérica de los mundos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el derrumbamiento estruendoso del comunismo durante la última década del siglo pasado, el mundo vivió un periodo de cerca de medio siglo que también tiene nombre propio, la Guerra Fría, que se caracterizó por el enfrentamiento permanente entre dos bloques de naciones, el capitalista democrático (creo más exacto llamarle social-democrático) y el comunista dictatorial. El primer bloque estaba encabezado por EEUU, el segundo por la URSS. Al mundo que llamaremos capitalista para abreviar (insisto, no me parece el término más apropiado) se le llamó también el Primer Mundo, quizá por ser el más antiguo y rico. Al bloque comunista, su contrincante, se le llamó Segundo Mundo. Y a los países que no pertenecían a ninguno de estos bloques se les englobó en el colectivo Tercer Mundo (o Países No Alineados). Algunos de estos países estaban muy ufanos de pertenecer a este grupo, por considerarse así más independientes, no sometidos a ninguna imposición ideológica o potencia extranjera. Otros no tanto porque la expresión Tercer Mundo adquirió un matiz peyorativo, connotado de pobreza, subdesarrollo y desgobierno, de abigarramiento, pintoresquismo y prácticas poco democráticas.

El Tercer Mundo era un gran cajón de sastre que reunía algunas naciones, muy pocas, genuinamente democráticas, como la India. La mayoría podían ser democráticas a ratos, pero lo más común es que se rigieran por sistemas autoritarios de uno u otro pelaje. El autoritarismo reviste muchas formas. El franquismo era una de ellas: fue una dictadura militar que se basaba en la represión y, si lo consideraba necesario, el asesinato. Mató a mucha gente en sus primeros años; pero no era un régimen genocida, como lo fueron el nazismo o el estalinismo. Franco y su régimen no querían considerarse Tercer Mundo (a él le gustaba llamarse Centinela de Occidente), pero se debatían en sus propias contradicciones. Los países miembros del Primer Mundo tenían que ser democráticos y el franquismo no lo era, no podía serlo. Durante un tiempo lanzó la cortina de humo de la “democracia orgánica”, como otros autócratas lanzaron reclamos parecidos: Sukarno, el dictador progresista de Indonesia, hablaba de “democracia dirigida”. Pero estas triquiñuelas no colaban: aunque se vista de seda la mona, mona se queda. La democracia dirigida de Sukarno sólo era aceptada en las reuniones del Tercer Mundo, como lo era la dictadura comunista de Tito, porque allí casi todos los asistentes eran dictadores de un pelaje u otro, como ya hemos visto. La dictadura de Franco hubiera también sido aceptada allí, pero Franco no quería que España fuera considerada Tercer Mundo; y sin embargo, por la misma naturaleza de su régimen, lo era. Su Gobierno intentó repetidamente ser aceptado como miembro de la Unión -entonces, Comunidad- Europea, pero nunca lo consiguió.

Si Franco se resistía a ser clasificado como gobernante del Tercer Mundo, menos aún quería ser parte de él el pueblo español, frustrado por verse excluido del núcleo democrático europeo y consciente de que era la naturaleza del régimen franquista lo que nos alejaba de la normalidad europea. Y ello contribuyó a la impopularidad del franquismo, como se vio durante la Transición. Casi más que la democracia, lo que entusiasmaba a los españoles era alinearse con el núcleo de Europa, aunque en realidad ambas cosas, democracia y europeísmo, eran dos caras de la misma moneda. Cuando en 1986 España accedió a la condición de miembro de pleno derecho en la Unión se culminaron los mayores deseos de millones de españoles.

Pero a partir de entonces, lentamente, las cosas comenzaron a torcerse, como a menudo sucede en nuestra historia. Piénsese en la Gloriosa Revolución de 1868 y la Primera República de 1873. O en la Segunda República de 1931. Como escribió Antonio Machado, “empecé riendo y acabé llorando”. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que, en la euforia de la Transición, muchas cosas importantes quedaron inacabadas. Para empezar, la Constitución dejó muchas cuestiones no resueltas ocultas bajo la alfombra, la más importante de las cuales, la de los nacionalismos periféricos, ha sido como un áspid oculto que ha ido envenenando toda nuestra política, desde la economía y la convivencia interna hasta las relaciones exteriores. Pero quedaron muchas más cuestiones inacabadas, relativas a la justicia, al sistema electoral, al sistema fiscal, a las cajas de ahorros, a la reforma de la Constitución, etcétera. La conmemoración del Descubrimiento de América (o la llegada de los españoles a América, si se prefiere) en 1992 quedó empañada por problemas monetarios que exigieron varias devaluaciones de la peseta. La euforia volvió con la entrada de España en el euro a finales de siglo cumpliendo todos los requisitos; pero se daba un inexorable fenómeno biológico que matizaba el entusiasmo: las nuevas generaciones que entraban en la liza política ya no tenían memoria viva de la Transición y, por lo tanto, valoraban menos sus logros y su prestigio. Lo que para los padres fue una gran gesta cívica, para los hijos ya adultos era la típica historia de pasadas batallitas. Eran las condiciones presentes, las de principios del nuevo siglo, las que interesaban, y se trataba de resolverlas olvidando el pasado. Los éxitos y los errores de Aznar agriaron las relaciones entre los principales partidos. El atentado del 11-M de 2004 fue como una declaración de guerra y el estallido de la crisis de 2007, un terremoto retardado.

Todos los problemas que se ocultaban debajo de la alfombra afloraron: una generación ignorante del pasado salió al escenario como caballo en cacharrería y sin querer puso de manifiesto todos los defectos de una Transición inacabada. Los dislates y triquiñuelas de Zapatero dieron a Rajoy una mayoría absoluta que éste, para quien la economía, y no España, era “lo único importante” (parafraseando a Fraga), en lugar de acometer todos los problemas estructurales pendientes, los ignoró olímpicamente en su ansia de hacer amigos. Los políticos, según Rajoy, no están para resolver problemas, sino para congraciarse con unos y con otros. Su pasividad y el terremoto gradual de la crisis le arrebataron la mayoría absoluta en 2015. El Parlamento se fragmentó, de modo que en las cuatro elecciones generales siguientes las mayorías fueron todas relativas y exiguas. Hoy los 120 escaños del pasado noviembre, tres menos de los que en 2015 le parecieron a Rajoy insuficientes para formar Gobierno, a Sánchez le parecen más que suficientes para abolir la Monarquía, dialogar sin condiciones con los separatistas y subvertir el sistema judicial, garantizando así la impunidad para sí mismo y para todo su Ejecutivo, en especial para su comunista vicepresidente, que ya estaría imputado o investigado si no disfrutara de los privilegios de la casta política. Estos son pasos decisivos para convertir nuestra democracia liberal en una república tercermundista. Hasta tal extremo es esto así que nuestros socios de la UE nos han tenido que dar un toque de atención.

Hace 40 años los españoles suspiraban por acceder a la condición de país plenamente europeo. Y yo me pregunto: ¿estamos hoy los españoles dispuestos a desandar lo andado desde 1976 y transitar marcha atrás para convertirnos de nuevo en un paria en Europa y en un país del Tercer Mundo?

Gabriel Tortella, economista e historiador, es autor, entre, otros libros, de Cataluña en España. Historia y mito (con J. L. García RuizClara E. Núñez y Gloria Quiroga) y miembro del Colegio Libre de Eméritos.

Juan Carlos I, un Rey del siglo XX

Jordi Canal. EL MUNDO. Miércoles 5 de agosto de 2020.

El anuncio de la salida de España de Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, era bastante previsible. Muchas noticias y rumores de las últimas semanas apuntaban a ello. La decisión era, sin duda, inevitable. Quizás se puede discutir si hubiese sido más adecuado un abandono del Palacio de la Zarzuela como paso previo a la instalación en otro país. Pero, en cualquier caso, había que hacerlo. No se sabe, mientras escribo esta tribuna, donde va a vivir temporalmente el Rey Emérito, pero en mi modesta opinión no sería recomendable que fuese en un Estado no europeo.

El anuncio del pasado lunes, 3 de agosto, tiene un alto valor simbólico. La interferencia permanente, en el presente, entre el pasado de la Monarquía, representado por don Juan Carlos de Borbón; y la Monarquía del futuro, la de Felipe VI y la princesa Leonor, aconsejaban una solución de esta naturaleza. La coyuntura actual es muy delicada. Los efectos de la crisis de 2008 resultaron letales, sumadas a otras muchas circunstancias de orden personal, para el anterior Rey, que acabó abdicando en 2014. No sabemos todavía cómo afectará la crisis de 2020 a España y, en concreto, a la institución monárquica. No nos esperan años fáciles. La experiencia muestra que los momentos críticos provocan situaciones inesperadas y potencialmente desestabilizadoras.

El año 2014 inauguró una nueva época para la Monarquía española. Aunque Felipe VI, desde su proclamación como Rey de España, esté ejerciendo de manera impecable sus funciones y haya conseguido recuperar el prestigio perdido al final del reinado de su padre, el camino no ha estado exento de complicaciones. Entre ellas, la parálisis institucional inédita provocada por las repeticiones electorales o el desafío independentista en Cataluña, que provocó, el 3 de octubre de 2017, una intervención tan oportuna como impecable del monarca. La ejemplaridad, la transparencia y las buenas maneras, que representa la Monarquía de Felipe VI, se enfrentan en la actualidad a tres problemas: una época de profunda crisis, llena de incertidumbres de todo tipo; los continuos e irresponsables ataques populistas a la institución monárquica -las reacciones, tras conocerse la noticia de la salida del país del Rey Emérito, de Pablo Echenique o de Gabriel Rufián, biliosas y patéticas, constituyen claros ejemplos de bajeza moral y política-, que responden a la voluntad de erosionar la democracia y la unidad españolas; y, por último, la difícil gestión de los ecos del pasado, desde el caso Nóos hasta las supuestas comisiones, blanqueos o estafas tributarias de don Juan Carlos, sin olvidar, evidentemente, el culebrón del Corinna-virus.

La salida de España del Rey Emérito no es ni una huida ni un exilio, sino un alejamiento temporal de unos focos cegadores. Juan Carlos I ha dado el paso a un lado que algunas personas, su propio hijo y la Casa Real en primer lugar, venían reclamándole. Se trata de una medida preventiva y ejemplarizante, que intenta frenar los efectos de aquellos ecos del pasado a los que más arriba he aludido. La Monarquía de Felipe VI no puede permitirse el lujo de ser desprestigiada a partir de culpabilidades de otro momento. El techo de cristal no permite errores ni descuidos. Sea como fuere, Juan Carlos I ha asegurado que está en todo momento a disposición de la Justicia y que su salida de España es temporal. Nada que ver con el exilio de su abuelo Alfonso XIII en 1931; nada que ver, tampoco, con su propio nacimiento en 1938 en Roma, en plena Guerra Civil española y en el marco de otro exilio, que se iba a prolongar en Portugal. A principios de agosto de 2020, el Rey Emérito ofrece, simplemente, una renuncia vital para no seguir perjudicando con sus actos y su imagen actual la Monarquía ejemplar de su hijo, Felipe VI.

A pesar de todo lo que hemos visto y oído a lo largo de esta segunda década del siglo XXI, no deberíamos cometer el error fácil o malintencionado de extender nuestras conclusiones o apreciaciones sobre el Rey Juan Carlos I de estos años a todo su reinado. No resulta posible olvidar que el último cuarto del siglo XX fue un momento histórico excepcional, en el que se consolidó una España democrática, moderna, estable y abierta al mundo. El monarca y la Monarquía parlamentaria tuvieron en ello un papel decisivo. Juan Carlos I fue un gran Rey en la España del siglo XX, que no supo encontrar su lugar en la del siglo XXI. Hoy no es ayer. La historia debe imponerse a la memoria y el análisis equilibrado y riguroso del pasado, a la mirada distorsionada del presentismo.

Con el paso del tiempo, y en ocasiones menos convulsas, el nombre de Juan Carlos I va a quedar asociado, por encima de todo, a la consolidación de la democracia en España. La proclamación de Juan Carlos I como Rey, en 1975, tras el fallecimiento de Franco, no fue producto de una restauración, sino más bien de una instauración. La Monarquía juancarlista consiguió borrar sus orígenes y construirse una legitimidad dinástica, constitucional, democrática y popular, fruto de un trabajo decidido y constante. Se convirtió progresivamente en símbolo unificador y moderador en una España democrática y moderna. Don Juan Carlos y sus colaboradores demostraron ser capaces de releer en clave posibilista y moderna las experiencias de otros reyes y pretendientes de la dinastía borbónica -e, incluso, del cuñado, Constantino II de Grecia-. El final del periodo de la Transición, en torno a 1981-1982, iba a coincidir con el momento clave en el proceso de legitimación de la Monarquía juancarlista.

Las legitimidades democrática y popular, que la Monarquía de Juan Carlos I fue acumulando a lo largo de la Transición, borrando poco a poco el estigma de sus orígenes franquistas, se unieron a la puramente dinástica y a la constitucional. La primera fue adquirida en 1977 tras la renuncia de Don Juan a sus derechos al trono, una vez persuadido de que la Monarquía y la democracia estaban en adecuada vía de consolidación. La legitimidad constitucional fue recuperada en 1978, en un referéndum que era algo más que una simple aprobación de la Constitución, pues implícitamente interrogaba también sobre la forma monárquica del Estado. En la nueva ley fundamental, imaginada como una verdadera Constitución para todos los españoles, se especificaba que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

A LO LARGO de su reinado, Juan Carlos I no se alejó del espíritu y de la letra de la Constitución de 1978, y desplegó su poder arbitral y moderador en el interior, sin interferencias y con imparcialidad. Concentró buena parte de sus empeños en la tarea de ser el primer embajador de España. La monarquía juancarlista adquirió en pocos años una trabajada legitimidad y popularidad, que iba a conservar casi intacta hasta las crisis del siglo XXI. Fue precisamente la erosión de estos dos elementos, en una España en graves dificultades, la que acabó por impulsar a Juan Carlos I a abdicar la Corona en 2014. Los errores evidentes (el caso de corrupción que afectaba a Iñaki Urdangarin, las cacerías de elefantes, la mala gestión de las aventuras extramatrimoniales, unos manejos económicos poco claros, escasa transparencia), el exceso de confianza en una Monarquía herida de éxito, la no adaptación a unos nuevos tiempos, los del siglo XXI, y la situación de profunda policrisis en España abocaron a un final no previsto de la Monarquía juancarlista.

En junio de 2014, Juan Carlos I abdicó la Corona de España y su hijo Felipe VI se convirtió en el nuevo Rey. Estamos, media docena de años más tarde, a la espera de saber cómo van a evolucionar los distintos frentes judiciales abiertos, tanto en Suiza como en España, del Rey Emérito. Nuestro sistema democrático requiere, en todo momento, transparencia y justicia. Sea como fuere, la nueva Monarquía española, encarnada por Felipe VI, necesita cuanto antes pasar página definitivamente de este pesado pasado, a fin de reiterar su ejemplaridad y su utilidad, para poder afrontar un futuro en el cual la estabilidad y la unidad que la Corona asegura van a resultar imprescindibles.

Jordi Canal es historiador y profesor en la EHESS (París).