Gabriel Tortella
EL MUNDO, Jueves, 8 febrero 2024
Va siendo hora -quizá esté ya pasada- de preguntarnos qué se ha hecho mal en la cuestión de los nacionalismos periféricos, que durante la Transición eran un problema más y hoy se han convertido en un monstruo que amenaza con destruir el marco democrático tan trabajosamente construido entonces, y con devolver a España a los peores momentos de su historia: los reinos de taifas, la Guerra de Independencia -que tuvo su lado heroico, pero también grandes dosis de caos-, la Primera República y la Guerra Civil. ¿Cómo es posible que, después de 40 años de democracia y madurez económica y social, nos encontremos ahora amenazados por nuestros tradicionales demonios familiares, que parecen empujarnos hacia abismos que creíamos haber dejado atrás para siempre?
Ha llegado el momento de buscar en los errores cometidos durante aquellos años optimistas que llamamos la Transición la raíz de la grave situación en que nos encontramos. La élite política de aquel tiempo incurrió en una grave equivocación que aún hoy influye en nuestras premisas políticas. Esta élite tenía un componente de políticos que habían colaborado con el franquismo, pero estaban convencidos de que España era ya un país maduro que debía gobernarse democráticamente. Había en esa élite otro componente de políticos que se habían opuesto al franquismo, pero que creían que era mejor una transición pacífica que una ruptura traumática y que, por lo tanto, estaban dispuestos a hacer causa común con los ex franquistas reconvertidos para instaurar la democracia con la menor cantidad de fricción y violencia posible. Esta élite mixta recibió un apoyo muy mayoritario por parte de la ciudadanía, como se demostró en los referéndums y elecciones que se celebraron por entonces. En general, como es bien sabido, la Transición constituyó un gran éxito, aunque ETA y otros grupúsculos de izquierda y de derecha cometieron graves crímenes en su oposición a la instauración de la democracia.
Pero hubo entre los políticos ex franquistas un sentimiento de culpa, consciente o inconsciente, que pesó como una losa sobre la derecha política española durante los años de la Transición, que ha persistido hasta nuestros días y que ha causado un daño incalculable; un sentimiento de culpa que los políticos de izquierdas han aprovechado con fines electorales y dialécticos, pero que también, aunque en menor medida, les ha afectado a ellos. Tanto unos como otros se han sentido endeudados con los nacionalistas periféricos, sobre todo catalanes y vascos, por haber sido estos, supuestamente, las mayores víctimas de la opresión centralista del franquismo. A causa de este sentimiento de culpa, el nacionalismo español se convirtió en algo casi equivalente al franquismo. De ahí la ruptura de la igualdad fiscal en favor de vascos y navarros, y la pertinaz tolerancia con las infracciones de la ley en materia lingüística, y muchas otras, en ambas comunidades. Y de ahí el galimatías del Título VIII de la Constitución y el vacío sistemático que los políticos nacionales han hecho a las mayorías no nacionalistas en esas comunidades. En aras de este sentimiento de culpa, la palabra «nación» se dejó de utilizar para designar a España, y hasta la red «nacional» de carreteras pasó, absurdamente, a ser «estatal». Los nacionalistas periféricos no se esperaban tanta pleitesía por parte de los gobernantes de «Madrid», pero pronto comprobaron con alborozo que cuanto más oprobio se vertiera sobre ellos -«centralistas, franquistas, opresores, ladrones»- más dispuestos estaban los gobiernos «estatales» a ofrecer concesiones para hacerse perdonar su inexistente (subrayémoslo) pecado original.
La dialéctica del nacionalismo catalán y vasco fue adquiriendo tonos cada vez más ofensivos y agresivos. Los gobiernos españoles trataban de acallar el victimismo y los vituperios con dinero y permisividad. Pero, increíblemente, ni la opinión ni los gobiernos españoles advertían que esta actitud autoinculpatoria, esta cesión al chantaje, tenía exactamente los efectos contrarios a los perseguidos: si los insultos estaban tan bien remunerados, lo lógico era redoblarlos. Pero, además, había otro efecto, quizá aún más peligroso. La debilidad obsequiosa, el deseo de «mejorar la convivencia», según el estribillo de Pedro Sánchez, volvía como un bumerán contra los convivientes. Las acusaciones de los nacionalistas hacían un gran efecto sobre la población local. Si sus reclamaciones no eran rebatidas por los políticos de «Madrid» sería porque eran ciertas. Así crecían las adhesiones al nacionalismo.
Y aún operan dos factores más: primero, el dinero y las cesiones permiten a los nacionalistas, cada vez más separatistas, hacer proselitismo entre la población, subvencionando los medios de comunicación adictos, repartiendo sueldos y prebendas entre los correligionarios. Y segundo, las expectativas: si son los separatistas los que llevan la iniciativa y los centralistas los que hacen una concesión tras otra, parece claro que, más pronto o más tarde, van a ganar los separatistas: luego hay que estar con ellos. Todo esto explica el gran crecimiento del sentimiento nacionalista y separatista. Hacia 1980, en Cataluña los separatistas no llegaban al 5% de la población. Cuarenta años de cesiones y «mejoras de la convivencia» han elevado esta proporción a un entorno del 30-40%. Cuantas más claudicaciones y más «generosidad» reciben los separatistas, más apoyo obtienen, porque más inminente parece la independencia de Cataluña y el País Vasco.
Nadie parece haber aprendido las lecciones del otoño de 2017, cuando, entre dudas y zozobras, el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo vacilante y tembloroso del PSOE de Sánchez y el Ciudadanos de Rivera, por fin osó aplicar la Constitución en Cataluña (el artículo 155), destituyendo al Gobierno rebelde de Puigdemont y nombrando presidenta en funciones de Cataluña a Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo protestas, motines, levantamientos? No, señor. Los funcionarios acudieron al trabajo sin rechistar, los consejeros separatistas se fueron a su casa y eventualmente a la cárcel, Puigdemont se metió en el maletero de su coche camino de Bruselas, se cerraron las «embajadas» catalanas en el exterior y allí no pasó absolutamente nada.
La convivencia mejoró de verdad en cuanto cambiaron las expectativas y pareció que el Gobierno español no iba a tolerar astracanadas separatistas. Aquello pudo haber sido el fin del separatismo en España. Pero prevalecieron la cobardía y el sentimiento de culpa de los políticos españoles. Rajoy quedó tan asustado de su propio atrevimiento que no veía el momento de soltar la patata caliente de la intervención en Cataluña. Se traslució inmediatamente su falta de ideas y convicciones. Los separatistas, por su lado, recobraron el aplomo; la tercera parte de la población catalana adicta al separatismo recuperó enseguida las convicciones de las que acababa de renegar y todo volvió al statu quo anterior. El año siguiente, cuando Sánchez e Iglesias le urdieron una falaz moción de censura, a Rajoy todavía le temblaban las piernas del susto que pasó en el otoño de 2017, cuando estuvo a punto ser un político íntegro y con convicciones. Fue sin duda ese temblor lo que le impidió desmentir las trolas de Sánchez, escapar a un bar cercano y entregar mansamente el poder a un rival que, por desastrosa que fuera la ejecutoria de Rajoy, iba a dejarle en buen lugar por comparación.
La amnistía flagrantemente inconstitucional que el Gobierno Puigdemont-Sánchez nos prepara es el penúltimo paso hacia la destrucción de la España democrática, que un sentimiento de culpa injustificado y varios errores garrafales de la Constitución han permitido perpetrar al separatismo y a sus secuaces socialistas. Es evidente que si, por un milagro, europeo o divino, saliéramos más o menos incólumes del atolladero en que nos hallamos, debemos plantearnos una reforma profunda de nuestra estructura constitucional y una reconsideración de nuestra historia reciente. Además de exigir responsabilidades penales.
Gabriel Tortella es economista e historiador, coautor de Cataluña en España. Historia y mito (con José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga; Ed. Gadir) y de La semilla de la discordia. El nacionalismo en el siglo XXI (con Gloria Quiroga; Ed. Marcial Pons)
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